En una coincidencia inusual, el Banco de España ha disparado todas las alarmas sobre el riesgo creciente de la burbuja inmobiliaria española y el vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, ha reconocido que el Gobierno tiene su parte de responsabilidad en la alarmante crecida de precios de la vivienda. El primero intenta que las entidades de ahorro restrinjan el crédito, y el ministro quiere agradar a los electores, empezando por los de la Comunidad de Madrid.

Pero no hay que olvidar que en la formación del precio de las viviendas tiene una parte muy activa la actitud de los ciudadanos. Comprar o vender un piso, de particular a particular, según una expresión muy común en el sector, siempre es un acuerdo entre dos personas, aunque una de ellas sea la sociedad mercantil titular del inmueble. Y en esas transacciones también proliferan de manera alarmante los comportamientos individuales guiados por la codicia más irreflexiva. Si los precios de los pisos alcanzan límites disparatados hasta el punto de comprometer el crecimiento y el ahorro español de las próximas décadas, no todo se debe a las malas políticas públicas. También contribuye el contagio social del aprovecha, que se acaba.