Obsesionada por la hiperseguridad, la Administración de Bush sigue convirtiendo en usuales las medidas excepcionales antiterroristas: todos los extranjeros que arriben a EEUU serán fichados en aeropuertos, puertos y, a la larga, fronteras terrestres. Sólo a los ciudadanos de 27 países de Occidente --España incluida-- no se les tomarán fotografías y huellas dactilares si acreditan que viajan a Norteamérica por turismo o negocios y por menos de 90 días. Esta nueva medida de Washington se une a la exigencia de identificar previamente a los pasajeros y de integrar policías armados en los vuelos cuando EEUU lo estime oportuno. Las restricciones alteran las reglas internacionales vigentes para el desplazamiento de personas y provocan reacciones dispares en los gobiernos del resto del mundo --Brasil ha replicado con la misma moneda y ficha a los estadounidenses que allí llegan-- y en las compañías de transporte. Los expertos en seguridad dudan de que estas decisiones sirvan para garantizar la seguridad absoluta que teóricamente persiguen, aunque abrirán la puerta a posibles discriminaciones. Quizá Bush obtenga réditos electorales de todo ello, pero el resto del mundo habrá de pagar la factura.
