La Comisión de Interior del Senado aprobó el pasado lunes varias enmiendas impulsadas por el Partido Popular contra el texto de la nueva ley de seguridad vial que, si pasa el trámite del pleno de la Cámara Alta y finalmente el del Congreso pueden suponer un torpedo en la línea de flotación de los radares y del efecto disuasorio que tienen contra la velocidad excesiva y, por consiguiente, contra la seguridad del tráfico y la reducción de los accidentes. La enmienda popular, que ha contado con los votos del PNV y de CiU a pesar de rechazarla en el primer paso por el Congreso, se refiere a que un conductor solo estará obligado a identificar al conductor que cometió una ilegalidad cuando conducía su coche si supieran quién es, por lo que podrían escudarse en que ignoraban quién llevaba el coche cuando el radar le sorprendió conduciendo por encima del límite para no pagar la correspondiente sanción. Esta circunstancia deja prácticamente en papel mojado a los radares y, con ello, su papel de hacer que la conducción sea más acorde con las reglas.
De estas enmiendas se podría concluir que todavía hay una parte de los representantes de los ciudadanos en el Legislativo que no comparten la filosofía practicada por la Dirección General de Tráfico en los últimos años, que ha logrado reducir a mínimos históricos la siniestralidad y las víctimas. Un paso atrás de difícil justificación.
