WEwl Ejército español ha pagado de nuevo un alto precio por su participación en una misión internacional. Esta vez han muerto los 17 ocupantes de un helicóptero en Afganistán, que se suman a otros 96 militares que en los últimos 10 años han dejado su vida en este país asiático, en Kosovo, en Bosnia, en Turquía y en Irak. Pese al dolor por las víctimas, éste es el tipo de intervenciones a las que España no debe renunciar: bajo el manto de la ONU, con aprobación del Parlamento y con finalidades humanitarias y de pacificación.
Los portavoces del Partido Popular declararon ayer que no harán de lo sucedido una polémica contra el Gobierno, a diferencia de lo que sucedió con el accidente del Yak-42. Esta concesión, expresada en términos de reproche, ya es una utilización partidista de los hechos. Porque si un accidente es provocado por una negligencia que se trata de ocultar, si se identifica mal a las víctimas y se maltrata a sus familiares, hay motivos más que suficientes para exigir responsabilidades. Pero, esta vez, el Gobierno sí se ha comprometido a que no suceda nada de esto. Esperemos que lo haga. Con ello se obliga, también, a dar una explicación clara de las circunstancias del accidente y del estado del aparato siniestrado.
