WLw a Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre la empresa Mutua Universal, entidad cuyos balances son fiscalizados por el Tribunal de Cuentas desde el mes de marzo. Es de esperar que ambos procesos permitan reforzar cuanto antes la confianza en una entidad de gran relevancia social. La Mutua Universal, la tercera más importante de España, presta asistencia a 142.000 empresas de todas las comunidades autónomas y a 1.400.000 trabajadores, cifras que dan idea del extraordinario volumen que mueve la entidad que preside el conocido empresario Juan Echevarría Puig, en áreas tan sensibles como los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales.

Por lo poco que hasta ahora ha trascendido, en el registro realizado esta semana en la sede central de la mutua en España, se buscaban pruebas de una posible emisión de facturas falsas a la Seguridad Social --es decir, por servicios no prestados-- o la existencia de una doble contabilidad con el consiguiente manejo de dinero negro. Por ahora, la querella de la fiscalía se dirige solo contra su director general, Juan Alcart, y algunos de sus más directos colaboradores, pero deja al margen al presidente de la entidad, dado que el cargo que ocupa Echevarría Puig es a título honorífico y no participa en la gestión de la entidad ni tiene ningún poder ejecutivo, por lo que solo cobra dietas, no un sueldo. No obstante, la Fiscalía ha puntualizado que el número de imputados en relación con la querella por malversación de fondos podría aumentar o disminuir en el curso de la instrucción, que está a cargo del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona y permanece bajo secreto de sumario.

De confirmarse esas sospechas, estaríamos ante unas prácticas irregulares cuya principal perjudicada es la caja común que financian con sus aportaciones los trabajadores y los empresarios. Asimismo, podría estar es cuestión la agresiva política de Mutua Universal de prestación de servicios como el de la prevención de accidentes laborales que en principio no corresponden a entidades públicas de ese tipo, pero con los que las mutuas tratan de ganar cuota de mercado.

Ahora bien, ni las empresas ni los trabajadores a los que Mutua Universal atiende quedan perjudicados por esta investigación. Los propios profesionales de la mutua seguirán haciendo su trabajo como hasta ahora. Sería una irresponsabilidad grave que unas medidas instadas por el fiscal pudieran desestabilizar una institución tan importante. Lo que hace falta, por tanto, es transparencia y que la justicia delimite cuanto antes las posibles responsabilidades administrativas o penales.

La espectacularidad de una decisión como el registro de la sede central de una mutua ha desatado todo tipo de especulaciones, en un país sacudido en los últimos tiempos por grandes escándalos. Por eso en un sector tan sensible como el de las entidades de accidentes de trabajo es necesario que se despeje de inmediato cualquier sospecha de irregularidad y se mantenga de esa forma la necesaria confianza en los servicios que presta.