TLtas medidas del Gobierno para impulsar la transparencia ética corren el peligro de verse sobrepasadas por debates banales sobre los usos protocolarios. Nunca está de más adaptar los usos del lenguaje a los nuevos tiempos y olvidarse de una parafernalia propia de aristocracias añejas que hacían que un rector, por muy mal que lo hiciera, siempre fuera magnífico y que el peor de los ministros fuese siempre excelentísimo.
En cambio, es muy interesante el intento de Zapatero para conseguir que los cargos públicos sean transparentes en el más amplio sentido del término: el presidente del Gobierno sabe muy bien qué hizo fracasar a Felipe González y no está dispuesto a que le pase lo mismo. De rebote, establece un listón que obligará a futuros gobiernos del PP a cumplir esos principios. La efectividad de las normas aprobadas dependerá de muchos factores, entre los que es fundamental que los propios cargos públicos no se tomen estas medidas como restricciones sino como puntales de unos nuevos modos. Pero si no se logran separar los intereses públicos de los privados todo habrá quedado en un juego de ilustrísimos malabarismos semánticos.
*Profesor y activista de los Derechos Humanos
