WAw unque al principio de la recesión el sistema financiero español aparecía ante la comunidad internacional como uno de los más saneados del mundo industrializado, la larga duración de la crisis inmobiliaria ha hecho que al final no haya podido escapar a su contaminación. No por la vía de los derivados, que hirieron de muerte a grandes instituciones mundiales y que forzaron la entrada del Estado en el capital de algunos gigantes, sino por la depreciación de los activos inmobiliarios --todavía no concluida-- que nuestras entidades han tenido que quedarse en prenda por los créditos fallidos, por la excesiva concentración de riesgo en el sector.

Ese deterioro y la necesidad de equilibrar sus balances con continuas provisiones han terminado por secar la liquidez del sistema, una situación de la que solo están en condiciones de salir airosas aquellas entidades que disponen de recursos para hacer dotaciones suficientes y, aun así, mantener una cuenta de resultados a la que se les pueda poner cara y ojos.

En estos momentos, tanto el Banco de España como el Gobierno están preocupados porque la depreciación inmobiliaria no parece tener fondo y, en consecuencia, transmite desconfianza sobre la solvencia de las entidades con más exposición hipotecaria, que son las cajas. Por esa razón, el FROB, que inicialmente se creó para facilitar la recapitalización de las cajas en procesos de reestructuración --léase concentración--, está variando su rumbo. Si antes estaba pensado para entrar en el capital de las entidades que no devolvieran los préstamos transformando créditos en capital, ahora se plantea la entrada directa en el capital. La cuestión está en que las cajas no tienen acciones, y que habrá que arbitrar un sistema para hacerlo posible. Solo hay uno: cambiar su naturaleza jurídica y convertirlas en bancos.

El Gobierno anunció ayer que prepara un plan de recapitalización de las cajas, imprescindible para ganar solvencia. En este sentido, el banco americano Merrill Lynch ha indicado que la práctica totalidad de las entidades habrían de pedir ayuda al FROB para dotarse de fondos, entre ellas Banca 3, a la que pertenece Caja Badajoz y que tendría que pedir 1.200 millones; o más ayuda, caso de la entidad que integra Caja Extremadura, que habría de pedir 200 millones más.

Ese plan del Gobierno, al final, podría desembocar en la práctica en una seminacionalización, semejante a lo que se hizo en el 2008 en Estados Unidos, Irlanda o el Reino Unido. Que en España se haga tres años después no tiene demasiada importancia siempre que estén claros los objetivos, que son transparencia en el proceso y liquidez. El grado de exposición inmobiliaria no puede ser un secreto, porque en ella radica la solvencia. Además, todas estas medidas solo pueden tener un sentido último: que bancos y cajas puedan prestar dinero a empresas y particulares. Es decir, que cumplan con su razón social, para superar uno de los principales obstáculos a la viabilidad de las empresas y, a la postre, a la recuperación económica.