"Sin prisas, pero sin pausas". Con esta frase ha definido el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, la velocidad que adquirirá a partir de este verano la transferencia de las competencias judiciales del Estado a la comunidad autónoma extremeña. Da la impresión, sin embargo, de que en el proceso habrá más pausas que prisas. Y es que la asunción de la justicia por parte de Extremadura puede suponer una patata caliente para la región, cuando aún están sin resolver dos problemas endémicos: el colapso de trabajo en los juzgados y la renovación tecnológica de estos. Hace poco más de un año que los funcionarios judiciales del país, entre ellos los extremeños, fueron a la huelga debido a déficits laborales que todavía hoy no se han terminado de solucionar. Y, tras el paro de los jueces en febrero, liderado desde Extremadura, hay convocada una huelga en octubre. No parece, por tanto, que el caldo de cultivo sea el mejor para que nuestra comunidad asuma a corto plazo las competencias. Mérida debe pasar a gestionar la justicia cuando el Estado haya saldado su deuda histórica con ella. Entonces, con una dotación económica adecuada, será el momento de consumar la transferencia.
