Al Partido Popular le cuesta asumir que perdió el poder. Así, ha querido dictar la política contra la banda terrorista ETA e intenta controlar el Tribunal Constitucional y convertirlo en una tercera Cámara que derribe leyes aprobadas por las Cortes Generales, como ya intentó, por ejemplo, con el Estatut catalán, que fue ratificado en referendo por ese pueblo.

Esta actitud, sin ir más lejos, se vio ya con la recusación, con el fin de excluirlo de la discusión sobre la nueva norma catalana, del magistrado progresista Pablo Pérez Tremps. Se perfiló así una hipotética mayoría contraria al Estatuto catalán.

Pero los dirigentes del Partido Popular han ido todavía más lejos y han recurrido también la ley de reforma del propio Tribunal Constitucional, que prorroga automáticamente --hasta su renovación-- el mandato de la presidenta, y que permite a las comunidades autónomas participar --a través del Senado-- en el nombramiento de una tercera parte de sus magistrados.

Cuando el Constitucional se ha tenido que pronunciar sobre este recurso, los populares no han dudado ni en aprovecharse de la abstención --impecable pero ingenua-- de la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, ni en volver a abusar de la recusación, esta vez contra tres magistrados progresistas. Y en base únicamente a un artículo periodístico según el cual se habían expresado a favor de la reforma en una reunión en el propio tribunal, punto desmentido por los seis magistrados --entre ellos dos conservadores-- presentes en mencionada reunión.

Empeñado en controlar el TC, el PP no vacila en sumirlo en la crisis más grave de su historia. En efecto, puede quedar inhabilitado por falta de quórum (no podrían votar siete de los 12 magistrados que lo componen) para decidir no sobre una ley ordinaria sino nada menos que sobre la que trata de su reforma.

Todos los tribunales constitucionales tienen un componente político, pero el Partido Popular ha ido demasiado lejos en este asunto. Está dispuesto a bloquear el actual TC si no tiene una mayoría próxima (aunque magistrados conservadores están tomando últimamente distancias), y quiere impedir su renovación si ello implica perder el control.

En diciembre se tienen que renovar los cuatro magistrados elegidos por el Senado y los dirigentes populares ya han dejado claro que no lo permitirán. La excusa es el desacuerdo con la participación de las comunidades autónomas.

El Partido Popular convierte al tribunal en un campo de batalla político --más ahora que se aproximan los comicios electorales-- que puede conducir a su casi total paralización. Pero el problema es que se daña así no solo el prestigio del Tribunal Constitucional, sino la credibilidad de la propia Constitución Española.