WEw l juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por las identificaciones erróneas de la mitad de las víctimas del accidente del Yak-42 que, en el 2003, traía a España a 62 militares que habían servido en Afganistán, dibuja unos acontecimientos miserables en los que se suma la irresponsabilidad política con la desidia y servilismo de los militares enviados para repatriar los restos. El Gobierno de entonces, presidido por José María Aznar (PP), y en particular su ministro de Defensa, Federico Trillo, estaban obsesionados por que los restos de los fallecidos llegaran a España a tiempo para el funeral de Estado. Los militares enviados al lugar del accidente, en particular el general de división del cuerpo de sanidad Vicente Navarro, el principal de los tres juzgados, se afanaron en dar cumplimiento a los deseos de Trillo en lugar de anteponer su obligación de cumplir con rigor la tarea encomendada. Como conclusión, según los testimonios en el juicio, treinta de los cadáveres llegaron a España sin estar correctamente identificados, lo que no fue obstáculo para que fueran entregados a sus familias.
Trillo no se sienta en el banquillo de los acusados y se ha limitado a declarar por escrito porque lo que se está juzgando es la falsedad documental en que incurrieron algunos de sus subordinados militares. Tampoco se sentará cuando próximamente se juzguen las irregularidades en el alquiler del avión, porque los jueces así lo han decidido. Pero no va a librarse del juicio de la historia, de la sentencia moral de los ciudadanos y en particular de los familiares, cuyas dudas sobre si habían enterrado de verdad a sus deudos fueron ridiculizadas y que fueron literalmente engañados.
