Para alguien como Federico Trillo, que siempre se ha preciado de tener un perfil jurídico de mucho más relieve que el derivado de sus responsabilidades políticas, debe constituir una deshonra que el Consejo de Estado le haya considerado culpable del accidente del Yak-42 en Turquía en 2003, en el que fallecieron 62 militares españoles y 13 tripulantes ucranianos. El fallo no tiene trascendencia penal, porque la justicia ordinaria archivó en su día la denuncia de los familiares de las víctimas, pero establece que el avión no estaba en condiciones de volar y que Defensa -entonces dirigido por Trillo- había sido advertido reiteradamente de ello. Más de 13 años después se restituye la verdad y los deudos de los muertos obtienen una satisfacción moral. Desde hace casi cinco años, Trillo disfruta del cargo de embajador de España en Gran Bretaña, y ahora será relevado junto con 70 diplomáticos españoles desplegados por el mundo, lo que permitirá al Gobierno intentar disimular su destitución. Un nuevo favor de Rajoy a quien durante largo tiempo prestó grandes servicios al PP al dedicar toda su experiencia y habilidad jurídica a espurias operaciones de acoso y derribo de los adversarios políticos.
