El abandono de José Antonio Redondo de la Alcaldía y del Ayuntamiento de Trujillo, después de que una sentencia lo condenara por haber conducido con una tasa de alcohol en sangre superior a la permitida ha suscitado una ola de adhesión de sus correligionarios digna de mejor causa.
Redondo --de grado o forzado por su partido, para los ciudadanos tanto da-- ha hecho lo que debía: dimitir. El alcalde de Trujillo ha pagado con su cargo lo que hizo. A partir de ese momento, sus compañeros de partido han trasladado un preocupante mensaje a la población. Y es el de que los medios de comunicación han tratado desproporcionadamente un asunto "privado" o "personal". Alguno incluso ha comparado la información sobre este caso como si hubiera sido un aireado lance "de alcoba".
Ninguna de las conductas tipificadas como delito o falta son privadas en ningún Código Penal de un país democrático. Y no lo son porque producen o están en disposición de producir daños a terceros, los cuales son sujetos de los mismos derechos. Defender que conducir ebrio --poniendo por tanto en peligro la seguridad del tráfico, es decir, del resto de conductores-- es una cuestión personal y que los medios de comunicación deberían haberlo tratado como tal resulta inaudito. Aunque solo sea porque de ahí a defender como un asunto "interno" el que un marido maltrate a su mujer o a sus hijos va un paso tan corto que no hace falta moverse para llegar a él. Redondo cometió una falta. La ha pagado judicial y políticamente. Salir en su defensa como si fuera una víctima es una oportunidad perdida para haberse callado.
