XLxa Junta de Extremadura acoge bajo su tutela a menores, tanto por edad como porque sus facultades psíquicas no les permiten tener autonomía, cuyas familias están desestructuradas o, dramáticamente, no tienen familia. Puesto que la Junta es un ente político, para ejercer tal función pone en manos de familias estructuradas a esos chiquillos con el objeto de que encuentren un marco en el que convivir y les permita la reinserción laboral en la medida en que lo aconsejen sus capacidades. Pese a que la Asociación de Derechos Humanos ha premiado a alguna de estas familias, nunca recompensaremos su tarea, pues es necesario mucho valor, mucho esfuerzo, mucho amor, en fin, mucha categoría humana para dedicar la vida a esta tarea. (No sabría explicarle al lector por qué ha venido a la mente la posibilidad de que un alto personaje, al concluir su actual tarea, se sienta inclinado a dedicarse a esta labor).

Se da por supuesto que las administraciones y las entidades y asociaciones que tienen alguna relación con esta clase de personas hilan muy fino, pues de sus desvelos depende el futuro de personas que la herencia o algún desgraciado accidente ha dejado mermadas. Pero no siempre es así. Recientemente hemos tenido un ejemplo de lo que no debe hacerse.

Un chiquillo con una notoria minusvalía psíquica, guardado por una familia, había conseguido trabajar en una de las empresas concesionarias del ayuntamiento. El puesto de trabajo se lo gestiona una asociación que tiene un plan de empleo por el que se supone que recibe subvenciones de distintos organismos. En un arrebato inadmisible en personas con criterio pero explicable en sus circunstancias ha cometido una acción condenable. La empresa puso en conocimiento de la asociación el hecho y el deseo de que cesara en su trabajo. Y la asociación no sólo sigue las indicaciones de la empresa sino que contra el criterio del psiquiatra que controla la evolución del chico, de la opinión de sus cuidadores y del sentido común hace todo lo posible para que el juez declare el despido procedente. Incluso cuando la sentencia ha declarado el despido improcedente, la asociación, entre cuyos objetivos está el de "que se compromete a proporcionar al trabajador un puesto adecuado a sus características individuales en orden a favorecer su adaptación personal, social y su posterior integración en el mercado laboral", la asociación anuncia que recurrirá el fallo. ¿Es ésta la mejor manera de integrar al afectado? ¿O quizá buscándole otro trabajo si la empresa se empecina en no admitirle?

En estos temas debemos ser muy cuidadosos y no hacer mixtificaciones ni cambalaches. Y en este caso hay una mezcolanza de asociaciones, concejales, funcionarios municipales, empresas concesionarias, padres afectados y subvenciones que enredan mucho la madeja. No vamos a dudar de la buena voluntad de cada uno de ellos, pero la buena voluntad no es suficiente. Es necesario profesionalidad y una inquebrantable decisión de apoyar a los chicos, lo que supondrá una negociación con las empresas, pero nunca una sumisión.

*Profesor