WEw l Pleno de la Asamblea de Extremadura fue el escenario del mutuo ofrecimiento entre el PSOE y el PP para crear un frente común de Extremadura contrario a la publicación de las balanzas fiscales, que reclamó Cataluña y que el presidente del Gobierno aceptó en su discurso de investidura.

En primer lugar, es necesario destacar la importancia del gesto: que los dos partidos presentes en el Legislativo extremeño estén dispuestos a alcanzar un acuerdo para oponerse juntos y en los mismos términos a la publicación de las balanzas fiscales es una buena noticia. Los ciudadanos reclaman a sus representantes que dejen disciplinas partidistas, posiciones de grupo, y acentúen lo que es común porque de ello nace mayor fuerza y coherencia en sus posiciones. Falta ahora, sin embargo, que se avance en esa dirección; que se pase de las palabras a los hechos y que se consensúe una declaración conjunta en contra de esa medida anunciada por Rodríguez Zapatero.

Lo aceptado ayer es condición indispensable para abordar un asunto --el de la financiación autonómica; ese es el fondo del mismo-- en el que Extremadura no las tiene todas consigo, sencillamente porque la comunidad que ha hecho poco menos que ´cuestión de Estado´ la publicación de las balanzas --como si en ellas estuvieran el mayor arsenal de argumentos para que se les privilegie en el reparto de los fondos estatales--, tiene mucha mayor fuerza dentro del Grupo Socialista del Congreso que Extremadura.

Pero precisamente por todo ello, la condición de unidad entre los partidos, con ser indispensable, está muy lejos de ser suficiente. Y no conviene dar pasos en falso. Un paso así sería el que la Junta empeñara sus esfuerzos en elaborar "nuestra propia balanza fiscal". Lleva razón la diputada popular Cristina Teniente al destacar la contradicción que representa el hecho de que, por un lado, Extremadura considere que la publicación de las balanzas fiscales es contraria a los intereses regionales --porque con ellos se pretende que se vea el desequilibrio entre lo que contribuyen al Estado los ciudadanos de unas comunidades y lo que el Estado ´devuelve´ a esas comunidades--, y por otro lado se apreste a presentar una balanza fiscal ´a la extremeña´. Y ello porque, aunque la balanza fiscal elaborada en Extremadura tuviera en cuenta aspectos y factores distintos a los de otras autonomías --como la contribución energética o la herida histórica que supuso el desangramiento de la emigración--, siempre pesará menos que, por ejemplo, la de Cataluña o la de Madrid. Y es que este asunto no se ventila en una dirección u otra en función de los argumentos de cada cual, sino por la lógica política, sistema de pesos y medidas completamente ajeno a quién lleve razón o de parte de quién esté la justicia histórica. Más vale a Extremadura esforzarse para que las opiniones de ´notables´ como Felipe González, partidario de centrarse en la superación de la crisis y posponer hasta entonces el debate de la financiación, salgan victoriosas. O que avance la disposición de Rodríguez Zapatero de consensuar la financiación con Rajoy, que permitiría un escenario más favorable a los intereses extremeños. Confeccionar una balanza fiscal podría ser interpretado como el gesto extremeño de aceptación del juego de su publicación y de sus consecuencias.