El título de este artículo pudiera parecer escandaloso, amarillista, en un tema tan serio como es el sector público, pero nos encontramos en un momento económico tan delicado que la reforma se acomete ya o puede que más adelante no tenga sentido acometerla. La sociedad necesita hoy del impulso y de los medios que el principal motor y agente activo de la economía extremeña, el sector público, la empresa número uno, puede ofrecer. En el mismo trabaja más del 30% de nuestra población activa y el coste de la masa salarial del sector, por habitante y año, es de 2.500 euros, por tanto, cualquier cifra que se mejore o deteriore tendrá efectos muy relevantes en el conjunto de la economía.
Es necesario que este sector evolucione en la productividad y eficiencia porque, de pronto, se nos ha caído una venda espesa y hemos empezado a ver que somos bastante menos ricos de lo que creíamos y que, aunque es cierto que en el último cuarto de siglo nuestra economía ha experimentado unos avances espectaculares, la situación no estaba consolidada y se pueden ver afectados de forma muy seria una parte importante de los logros conseguidos. Las miradas necesariamente se vuelven hacia aquel de nosotros que es más grande, que más mueve, que más nos puede costar pero que más nos debe aportar, y analizar si con una importante reforma podrá coadyuvar al necesario impulso económico.
Del total del gasto público consolidado en Extremadura, el 35% se destina a gastos de personal y sólo el 16% a inversiones. Es bien cierto que algunos de los servicios públicos que se gestionan (sanidad y educación, principalmente) y la cobertura de los mismos es muy costosa, pero no es menos cierto que los ratios de eficiencia no son los esperados. Adelgazar el sector público no es bajar el nivel de las prestaciones y servicios que se ofrecen, es exigirle que administre de forma que el coste en que incurre, puesto en relación con el resultado, esté en línea con los parámetros aplicables a una empresa privada. Desde Iniciativa+1 pensamos que el sector público tiene que dar beneficios porque necesariamente tiene que reinvertirlos en la sociedad. Su cuenta de resultados no es inocua, como ponen de manifiesto las cifras que se indican más arriba y no exigir déficit es propio de épocas de riqueza. En estos momentos es preciso que genere recursos económicos. No nos cabe duda de que ello no es fácil, pero es necesaria una reducción de costes sin pérdida de la calidad de los servicios prestados, porque la sociedad precisa parte de sus recursos.
XSE DEBEx comenzar por los órganos de decisión en el sector público, que están obligados a chequear, desde el punto de vista de la rentabilidad social y económica, todas las decisiones que supongan gasto, siendo necesario marcarse como objetivo el control y optimización del mismo, con especial incidencia en los departamentos con un volumen de gasto superior. La racionalización en la prestación de los servicios; la eliminación de la duplicidad de administraciones que concurren para un mismo fin, lo que lleva a un exceso en el número de personas y en los medios que se utilizan; la aplicación con retraso, incumpliendo incluso la norma, de las nuevas tecnologías, lo que conduce a dilaciones en la tramitación y duplicidades en los requisitos exigidos al administrado, son ejemplos de temas y cuestiones en las que el sector público tiene mucho que mejorar.
Por la importancia de los gastos de personal (que además es un 20% más caro en el sector público que en el privado) y de las personas, pues sólo ellas son capaces de que las cosas cambien, los empleados públicos tienen que asumir que hay que medir, como en cualquier empresa, los resultados de su trabajo y que los puestos deben adaptarse a las necesidades reales, con el criterio de que todos deben llevar a cabo un trabajo útil durante las 35 horas semanales --por cierto, cinco menos que en la actividad ordinaria de cualquier empresa--, y que si el puesto de trabajo debe readaptarse, habrán de asumir con naturalidad la reorganización y el traslado a aquél en el que sean más útiles.
Estos cambios generales deben afrontarse con el consenso de los principales actores de la vida pública, singularmente de los partidos políticos en su conjunto pero también de los sindicatos que representan los intereses de los empleados públicos y del resto de los representantes de los intereses sectoriales (de las empresas, de los consumidores, etcétera). Pretender que solo con la decisión de alguien y sin el esfuerzo de todos se puede acometer esta imprescindible reforma sería desconocer lo complejo que es y la transcendencia social que tiene la optimización de recursos humanos y medios que no están debidamente aprovechados, un lujo que hoy no nos podemos permitir. (*) El autor es miembro de Iniciativa+ 1
