Primero se dijo que no existían. Después, que eran irrelevantes. Más tarde, que eran de difícil cálculo. Así de mal se ha llevado el debate de las balanzas fiscales españolas. Tanto, que se acaba de confirmar la sospecha de que existen y se han ocultado por razones políticas. Un estudio de la fundación BBVA da las cifras hasta el 2005. Los autores, dos profesores de las universidades de Zaragoza y Valencia, formaron parte del grupo de expertos que en su día convocó el Ministerio de Economía y Hacienda para acordar una metodología oficial de cálculo, que sigue sin ser aplicada pese a que existe un compromiso reiterado de hacerlo desde hace años.

En su lugar, aparecen los datos del BBVA, una entidad privada cuyos estudios tienen reconocimiento académico, pero que aportan solo una de las dos posibles aproximaciones a la cuestión de cuánto paga en impuestos y cuánto recibe en servicios públicos de toda índole --infraestructuras, sanidad, educación...-- cada ciudadano. Este trabajo recoge solo un método de los dos posibles para hacer esa estimación, el que menos puede molestar al Gobierno, porque se basa en el criterio de coste y beneficio de la inversión pública para el conjunto de los ciudadanos españoles, residan donde residan.

Además, por no aceptarse que la balanza fiscal sea conocida y transparente, se ha favorecido la anomalía de que Navarra y el País Vasco, dos de los territorios españoles con mayor nivel de vida y que menos precisan del apoyo del resto para su progreso, se aprovechen de sus conciertos forales para mantener saldos fiscales con el Estado manifiestamente insolidarios.

La finalidad de los impuestos que paga cada ciudadano y cada empresa, a título individual y con independencia del lugar de residencia, no es su devolución íntegra a cada contribuyente en forma de servicios, sino la de contribuir a la equidad y la redistribución de la riqueza según capacidad y necesidad de los ciudadanos, vivan donde vivan. Pero eso requiere que las cuentas públicas sean transparentes y el esfuerzo de unos en favor de otros sea equilibrado y reconocido.

Conocer las balanzas fiscales ha supuesto, por ejemplo, que los ciudadanos perciban que la queja existente en algunas comunidades sobre lo mucho que aportan y lo poco que reciben es más una cuestión política que de otra índole. No está en la preocupación de los ciudadanos madrileños, por ejemplo, ser los más solidarios al progreso del conjunto: no ha partido de ellos ninguna acusación de que ´se les está robando´. Sin embargo, que sí aparezca en la agenda política esa pretendida injusticia en Cataluña revela que es más una cuestión de sus responsables institucionales. El ´desapego´ del que habla José Montilla de Cataluña respecto a España es una especie fomentada por el gobierno de esa comunidad y basada en esa diferencia entre lo que se aporta y lo que se recibe. Pero como demuestra Madrid y otras comunidades que aportan más que la catalana (Baleares y la Comunidad Valenciana), no tiene por qué significar la inclinación a romper la caja común. De otra parte, y con independencia de esos gestos de ´desapego´ de los dirigentes catalanes, haber dado a conocer las balanzas fiscales autonómicas sirve para determinar el grado justo de su aportación a la construcción del progreso nacional.