El uso electoralista de la alarma ante la inmigración le dio buenos resultados a José María Aznar en las generales de 1999. Entonces, la denuncia de un efecto llamada , que se atribuyó a la anterior ley de extranjería del PSOE, y la promesa de una normativa más dura, seguro que contribuyeron a la mayoría absoluta que obtuvo el PP. Ahora, preocupado por los sondeos, Aznar ha repetido la táctica, haciendo que el Gobierno envíe al Congreso, el último día de la campaña electoral, una tercera reforma de su propia ley con numerosos retoques técnicos, unos para ajustar la normativa a una sentencia adversa del Supremo y otros para sortear la opinión de los jueces sobre determinados derechos básicos como el reagrupamiento familiar.
Esto tendrá réditos electorales o no. Pero lo seguro es que no será la última reforma. 600.000 inmigrantes sin papeles, el fracaso de todo lo intentado para la entrada legal de trabajadores extranjeros y los síntomas de que la integración social de este colectivo es difícil, exigen medidas que el Gobierno tampoco aborda ahora. Y deberían tomarse pronto, sin esperar a que sea otra convocatoria electoral en vez de un buen consenso lo que impulse a legislar sobre esto.
