La justicia universal es, de momento, una utopía tan respetable como alejada de la realidad. La ley española, que permite perseguir el delito más allá de nuestras fronteras está muy alejada de la potestad real que tienen la policía y los jueces españoles fuera del territorio nacional. Con lo cual, la reiteración de causas instadas ante los tribunales, en particular ante la Audiencia Nacional, por situaciones y sucesos registrados en el extranjero tienen, en general, una gran repercusión en los medios, pero con frecuencia sumen en la frustración a los denunciantes que, las más de las veces, contemplan cómo la causa encalla a las primeras de cambio. De lo dicho hasta ahora se desprende que es precisa una reforma de la ley. La experiencia acumulada y la persecución penal del dictador Augusto Pinochet como presunto autor de delitos que afectaron a ciudadanos españoles deben inspirar la revisión de la norma para que no queden impunes los daños causados a nuestros connacionales. Ir más allá no guarda proporción con el peso de España en la comunidad internacional. Cierto que los delitos de lesa humanidad no prescriben, pero solo con medios y herramientas internacionales es posible ejercer una justicia sin límites.
