La proliferación de días anuales dedicados por organismos internacionales a las más diversas causas ha acabado por desvirtuar esa fórmula relativamente moderna de fijar la atención social sobre problemas concretos. Sin embargo, hay que apoyar sin reservas la existencia del Día Mundial del Agua, cada 22 de marzo, porque, como en el caso de ayer, dio lugar a varias reflexiones interesantes sobre una de las cuestiones vitales del siglo XXI, a propósito de la cual aún falta conciencia cívica y decisiones valientes y enérgicas por parte de las administraciones públicas.

En efecto, factores como el crecimiento demográfico, la extensión del regadío, la desmedida expansión urbana y los cada vez más evidentes síntomas de un brusco cambio climático en el planeta aconsejan abordar la gestión del agua como una cuestión prioritaria que afecta a organismos internacionales, gobiernos, ayuntamientos y ciudadanos de a pie. Solo cabe profundizar en una nueva cultura del agua que pasa por el freno a los despilfarros, la reutilización y la revisión de políticas urbanísticas y agrarias. En este sentido, es imprescindible la creación de un gran debate sobre los grandes planes de extensión del regadío o del incesante despliegue de urbanizaciones de recreo que arrasan importantes reservas de recursos hídricos. Este es un fenómeno que sufren en mucha mayor medida que en Extremadura en otras zonas de España. En nuestra región hay en proyecto media docena de iniciativas de turismo de lujo que prevén el consumo de gran cantidad de agua. Es necesario solicitar de los poderes públicos que extremen la vigilancia para que no se conviertan en insaciables consumidores de agua con el pretexto de que las infraestructuras construidas son indispensables para hacer atractivo ese tipo de turismo.

Por otro lado, la desaparición del fantasma del trasvase del Ebro, que gravitó sobre el Plan Hidrológico Nacional elaborado por el PP como ninguna otra medida contenida en el mismo, debe ser un estímulo para profundizar en políticas alternativas, como la construcción de desalinizadoras, la defensa integral de los ríos, la reutilización de aguas depuradas y la mejora de la gestión de los acuíferos. Solo así lograremos gestionar la sequía, un fenómeno que, como dijo ayer el director general del Agua del Ministerio del Medio Ambiente, no es una maldición, sino un elemento propio de nuestro clima. Por la situación geográfica de la península Ibérica, estamos en un grave riesgo de desertización. Los ciudadanos pueden ayudar en la lucha contra la extensión de las zonas áridas. Pero de nada servirá que cerremos el grifo mientras nos cepillamos los dientes si las administraciones no se toman como política prioritaria una gestión sostenible del agua. Días atrás este periódico publicó una información que ponía de manifiesto que las administraciones son más eficaces en hacer campañas de ahorro que en aplicárselas, por cuanto el gasto de los ayuntamientos extremeños se había casi triplicado en los últimos cinco años, mientras que el de los ciudadanos había aumentado un 14% en el mismo periodo. He aquí un dato para la reflexión sobre la necesidad de que el ahorro del agua concierne a todos.