Más de la mitad de los radares fijos de que dispone la Dirección General de Tráfico en Extremadura han sufrido daños que impiden su funcionamiento. Algunos de ellos han sido golpeados, quemados o rotas sus lentes incluso antes de que pudieran detectar un solo coche circulando con velocidad por encima de la permitida. Este tipo de vandalismo está extendido por muchas provincias españolas y las autoridades de Tráfico están pensando instalar cámaras de vídeo para grabar a los agresores y poderlos llevar ante la justicia. Causar daños a los radares está considerado un delito y su comisión castigada con penas de prisión de entre 6 y 24 meses.

El radar, como elemento de control que es, incomoda a muchos ciudadanos, pero resulta realmente preocupante que algunos de éstos se dediquen a destruirlos porque entiendan que su existencia es más dañosa para su bolsillo, por las multas a que se exponen, que beneficiosa para reducir la siniestralidad en las carreteras. La velocidad excesiva es la causa directa de un 25% de las muertes relacionadas con el tráfico, y el año pasado mil personas se dejaron la vida en el asfalto en España por esta causa. Por tanto, no es un asunto de gamberros este de destruir radares, porque si no hubiera ningún sistema para controlar la velocidad en nuestro país, ningún límite, ningún coto, si imperara la ley de la selva, que es la que quieren instaurar quienes se dedican a aporrear los lentes de los radares, las víctimas se multiplicarían. Algunos de los radares destruidos en Extremadura se encuentran en ´puntos negros´, ahora más negros y ciegos porque los vándalos se extienden a gran velocidad.