WCwinco familias que viven en las cacereñas calles Nueva y Peñaredonda, en el barrio de Antonio Canales, se han encontrado con que el nuevo y todavía no en vigor Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla derribar las viviendas que habitan. Lo han sabido a destiempo y por eso han presentado una alegación contra este punto del PGOU fuera de plazo, no obstante lo cual el ayuntamiento la ha admitido. Es lo menos que el consistorio debía hacer, porque antes de eso lo que tendría que haber hecho es informar a los vecinos y avisarles de que el planeamiento urbanístico contemplaba, nada menos, que el derribo de sus viviendas. Además, el caso de estas cinco familias no es el único puesto que el PGOU también contempla tirar casas habitadas en las calles León Leal, Alvaro López Núñez, San Roque y Concejo. En todos los casos, los autores del PGOU apelan a que estas medidas buscan el beneficio común, y tal vez sea así, pero con mayor motivo se les puede exigir que, antes de incluir en el plan un proyecto que pasa por obligar a la gente a dejar las casas donde viven, tienen que informar pormenorizadamente de las razones. Sólo en excepcionales ocasiones, y siempre bien explicadas a los afectados, una ciudad debería estar por encima de los derechos adquiridos de sus habitantes.
