En opinión de la Junta de Extremadura no han servido para conseguir los fines propuestos de incorporación de las personas con discapacidad al mundo laboral ni las medidas de protección para la integración social de discapacitados establecidas por las leyes desde 1982; ni la reserva de plazas en la Oferta de Empleo de las Administraciones Públicas de un cupo para personas con discapacidad no inferior al 3% del total de las plazas ofrecidas, que establecía la Ley 23 de 1998; ni el Decreto 43 de 2003 por el que la Administración regional pretende la equiparación de oportunidades de los discapacitados a la hora de acceder a los empleos públicos a base de aplicar la discriminación positiva como medida de colocación en un plano de igualdad a colectivos desiguales: reserva de un 5% de las plazas y prohibición de acumularlas al turno libre cuando no se cubran con personas con minusvalía con un grado igual o superior a un 33%.
Como todavía existía recorrido de mejora, según la propia Junta de Extremadura, en 2006 aprobó un decreto, que modificaba otro del 2003, mediante el cual se establecieron medidas complementarias para lograr la citada equiparación de oportunidades. Tales medidas eran la supresión del límite del 5% de la reserva de plazas, convirtiéndose en el límite mínimo; la posibilidad de acceder (además de a las suyas) a plazas reservadas para el turno libre cuando los resultados obtenidos por aquellos fuesen superiores a los alcanzados por los participantes de este último y la preferencia en la elección de destino respecto del turno libre con mayor puntuación.
Algunos pensamos que medidas de este tipo presentan efectos colaterales injustos, además de contribuir a agravar la situación de segregación contra estas personas, pues generan un cierto sentimiento de rechazo ante citados privilegios.
Prueba de lo dicho es lo acontecido este año en las Oposiciones a profesorado de Secundaria en Extremadura, donde aspirantes a una plaza en especialidades como Matemáticas o Lengua han quedado fuera después de haber obtenido más de un nueve sobre diez puntos, demostrando conocimientos y méritos suficientes para conseguirlas. Pero lo más grave es que la mayor parte de las plazas reservadas a personas con discapacidad (en total, 35 plazas), no se han cubierto porque los favorecidos por la reserva no se han presentado o no han demostrado los conocimientos mínimos para conseguirla. De esta manera, han quedado 20 plazas desiertas, en el limbo de las no adjudicadas. En el mejor de los casos estas plazas pasarán a integrar la Oferta del año 2012, claro está reservadas para el turno de discapacidad, aunque figuren como Oferta de Empleo Público Docente.
Ante esta situación resulta difícil entender que muchos jóvenes, después de llevar toda la vida estudiando para conseguir una carrera que les posibilite un puesto de trabajo y realizarse como personas, deban someterse a una dura, competida y selectiva Oposición, y cuando la han superado se queden sin plaza por decisiones políticas ajenas a la filosofía del procedimiento selectivo convocado y a la mejora de la profesión docente.
Esto no quiere decir que esté en desacuerdo con la reserva de plazas a personas con discapadiad; al contrario: estoy de acuerdo con que un porcentaje de plazas se destinen a personas de este colectivo. Pero lo que no comparto ni comprendo es que las que no se cubran no pasen al turno libre para que las ocupen opositores que han demostrado con largueza su valía.
En cuanto a la obsesión por la discriminación positiva, diré una vez más que esta medida perjudica a todos sin excepción, pues discriminar es seleccionar excluyendo, y el artículo catorce de la Constitución Española dice que los españoles somos iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna (ni positiva ni negativa) por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Otra cosa es que esas personas con discapacidad puedan solicitar las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.
Como no hay mal que por bien no venga, la Junta de Extremadura se ahorrará veinte nuevos profesores para el próximo curso. Probablemente las arcas regionales lo agradezcan, otra cosa es que nuestra Educación pueda permitirse estas licencias.
