VEINTICINCO AÑOS DESPUES

Próxima a cumplir nuestra Constitución sus bodas de plata, en un momento de crispación política, es una buena ocasión para reflexionar sobre ella. Pero ante todo, debemos felicitarnos al haber sido capaces de convertir la utopía en realidad y conseguir que nuestro país avanzara, por fin, por la senda del constitucionalismo democrático en un ambiente de concordia e ilusión. En efecto, sólo la Constitución que entró en vigor en el a año 1876 logró mayor longevidad que la actual, aunque la perversión del sistema político instaurado en aquel momento histórico, de alternancia de partidos al margen de la soberanía popular, de clientelismo electoral y de inmovilismo normativo, desembocarían en una dictadura militar que sería el principio del fin de aquel régimen político.

La Carta Magna es un texto flexible, pues tiene los mecanismos necesarios para poder introducir enmiendas, por eso es más sospechoso que convincente que sean precisamente aquellos políticos que estuvieron en su contra, los que ahora quieran convencernos de que proponer cualquier modificación a su articulado es poco menos que un ataque contra el sistema político existente. Se manifestaron abiertamente contra ella entonces y hoy prefieren verla más como un catecismo que como la norma superior que permita la convivencia en nuestro país. En su día no pudieron con ella, pues eran demasiado débiles, y hoy que gozan del poder, al parecer, lo intentan por otro camino; tratar de convertirla en una especie de texto sagrado inamovible cuya rigidez termine haciéndola inservible para nuestra sociedad. Creo, por mi parte, que la revisión constitucional es necesaria en la nueva realidad española y que la mejor manera de hacer perdurar el sistema político es adaptarlo a los tiempos, preservando el espíritu de consenso inicial que fue el que permitió, en gran medida, el largo recorrido que hemos alcanzado.

Es preciso dar respuesta a los retos que tenemos planteados y que son radicalmente distintos a los que encorsetaban a la sociedad española en 1978. En aquellos tiempos el objetivo era asentar un régimen democrático que, basado en los derechos humanos permitiera a los españoles alcanzar unos niveles de libertad que fueran equiparables al resto de las naciones de nuestro entorno y de los que nos habíamos visto privados durante demasiado tiempo. Para lograrlo nos dimos el régimen de las comunidades autónonomas en el que hoy vivimos y que ha desarrollado unos niveles de descentralización estatal de los más avanzados del mundo a comienzos del siglo XXI.

Que el modelo ha sido beneficioso es algo evidente, pues solamente hay que ver dónde estábamos y en dónde nos encontramos y no me refiero sólo al nivel de renta, sino a todo aquello que nos ha convertido en un país moderno y libre. Por esta circunstancia, el modelo autonómico debe ser no solamente preservado sino perfeccionado y completado, al haber sido el motor que nos ha permitido avanzar dentro de la diversidad y hacer de España la nación más plural de Europa. La profundización y perfeccionamiento del Estado de las Autonomías, considero que debe venir de la mano de la convergencia, o lo que es lo mismo de la solidaridad entre las diferentes culturas existentes en nuestro país y que además tienen un recorrido histórico en común. De la misma manera contemplamos el problema --aunque mucho más acusado-- que hoy se plantea en nuestro continente para armonizar la unión entre los países europeos que, teniendo culturas muy diversas quieren conformar una realidad única que permita un destino compartido. El camino escogido por Bruselas y por los diferentes gobiernos ha sido el único posible: la solidaridad entre todos los miembros que un día aspiran a convertirse en un solo cuerpo. Europa y España, no son dos realidades que puedan ser disociadas cuando se habla del futuro político de ambas, llevan caminos paralelos.

Es en el marco institucional en donde debe iniciarse este nuevo tiempo y acometer, finalmente, la reforma del Senado convirtiéndole en la Cámara de las Comunidades Autónomas y en donde sus legítimos representantes puedan resolver los problemas que interesan a los ciudadanos --hoy los presidentes autonómicos sólo se ven todos juntos de boda en boda, por lo que cuando se case el Príncipe habrá que esperar veinte años más hasta que don Froilán esté en edad-- de esa manera se dotaría a la Cámara Alta de un significado político de gran trascendencia y utilidad, que iría mucho más lejos que la segunda lectura de las leyes o de la graciosa concesión de galardones a los presidentes autonómicos; como si con ello se quisiera paliar la falta de contenido político de que adolece esta institución. Puede parecer una osadía hablar de reforma del Senado cuando ni siquiera se cumple el reglamento existente y la Comisión de las Comunidades Autónomas del mismo está en vacaciones permanentes, pero ésa es otra historia. Es necesario que el Senado, que costean todos los ciudadanos, tenga un verdadero contenido territorial.

Hay numerosos asuntos cuya reforma constitucional también es preciso abordar si queremos recobrar la ilusión y regenerar nuestro sistema político. Voy a referirme sólo al que considero el más influyente sobre los demás, la justicia. Un dato: según el último informe del Foro Económico Mundial, España ha perdido dos puestos como país competitivo y uno de los factores que más influyen en el descenso del ranking, es precisamente la falta de independencia judicial detectada en nuestro país. Aunque el perder riqueza o bienestar es muy grave, es bastante peor perder libertad y con una justicia sometida al poder ejecutivo la democracia se escapa rápidamente. Si desde fuera es apreciado este problema, es evidente cómo se sufre desde dentro. Para que el modelo constitucional sea atractivo y respetado tiene que ser equitativo y no puede haber igualdad sin justicia y ésta no existe si no es independiente. No es de recibo, que algunos políticos que actuaron activamente contra la Constitución defiendan la rigidez constitucional para España, sobre todo cuando aman tanto a Estadaos Unidos, nación que tiene la constitución más antigua a la vez que la más enmendada, y cuando ya han transcurrido tantos años que los jóvenes de entonces son ya abuelos. Si realmente se aboga por su vigencia y durabilidad, hay que adaptarla a las nuevas necesidades de España y ese camino es la mejor garantía de seguir compartiendo un destino común en paz y solidaridad.