El ministro del Interior ha prometido sanciones ejemplares si se confirma que unos policías de servicio abusaron sexualmente de seis mujeres inmigrantes en el Centro de Detención de Extranjeros en Málaga, mientras otros compañeros, también policías, no sólo no denunciaron estos hechos, sino que miraban hacia otro lado. De momento, mientras no tengamos todos los datos, hay que ser prudentes y mantener la presunción de inocencia. Pero hay algunos datos que nos hacen ponernos en lo peor.
En primer lugar, el juez ha ordenado prisión incondicional para tres policías, lo que ya es un dato de que, más que sospechas, tiene indicios serios. En segundo, el delegado del Gobierno ha pedido a la Dirección General de la Policía que les suspenda de empleo y sueldo. En tercero, parece que no se discute que se hayan producido relaciones sexuales entre los policías y las inmigrantes acogidas en el Centro de Detención, lo que ya constituye en sí mismo una conducta, cuando menos, lamentable. En cuarto lugar, según el abogado de estas seis mujeres, las relaciones no se produjeron en el módulo de reclusión, sino en el comedor que hay a la entrada del centro y en las salas de visita. No fue casual. Los sindicatos policiales, además, salieron ayer al ruedo, sin que nadie los llamara, para afirmar que "los agentes fueron víctimas de la provocación de las mujeres para conseguir así evitar su expulsión del país". Esa afirmación no es sólo retrógrada y machista, sino que habla muy mal de la profesionalidad de algunos policías y de esos "portavoces" sindicales, que deberían dedicarse a otros asuntos. Si los policías fueron provocados, deberían haberlo denunciado, pero, en lugar de cumplir con la misión que la sociedad les ha confiado, parece que se aprovecharon de su poder, abusaron de su autoridad e incumplieron todos los códigos de conducta.
Si algo bueno tiene nuestro Estado de Derecho, y tiene mucho, es que protege los derechos de todas las personas, incluso de las que no tienen papeles y han llegado irregularmente a nuestro territorio, porque eso no significa que sean delincuentes ni que nadie deba -poder, sí puede, ya se ve- aprovecharse de ellos o de ellas. Ni siquiera de su desesperación o su debilidad. Y si a alguien hay que exigirle un cumplimiento escrupuloso en la defensa de los derechos de los ciudadanos es a los funcionarios públicos. No es de recibo que un policía en lugar de defender a los ciudadanos, se aproveche de ellos. Nos debe preocupar que crezca la delincuencia, pero no debemos tolerar nunca que unos policías se convirtieran en delincuentes. La justicia debe hablar lo antes posible y aclarar los hechos. La ley es ley para todos.
*Periodista
