Las condiciones en las que un grupo de policías fue enviado por el Gobierno de Aznar a la base de Guantánamo entre mayo y julio del 2002 para interrogar a 13 presos islamistas, de los cuales solo uno de ellos era español, plantean una serie de incógnitas. La más importante de todas es discernir a qué objetivos obedeció el comportamiento del Ejecutivo conservador después de la guerra de Afganistán, y las razones no conocidas que le llevaron a implicarse en la de Irak más allá de toda medida. Las cortinas de humo del PP, destinadas a eludir responsabilidades, no han podido encubrir la realidad: policías españoles, sin orden judicial alguna, estuvieron en Guantánamo, prometieron dispensar un trato de favor a alguno de los interrogados y, de vuelta a casa, trasladaron un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el resultado de su gestión. A la vista de estos datos, los populares atentan contra toda lógica al señalar al Gobierno actual como la única instancia en condiciones de ofrecer información sobre un caso que se registró con los socialistas en la oposición. La dirección del PP debe una explicación. Ni la sospecha muy extendida de que la mayoría de presos en la base de EEUU son islamistas que militan en el terrorismo internacional ni el propósito --defendible-- de traerse a España a un ciudadano ceutí para ser juzgado por nuestros tribunales justifican la expedición a Guantánamo. Si a ello se añade la participación de agentes de la CIA en el entramado, no hay forma de evitar la sensación de que el Gobierno conservador no tuvo inconveniente en ser cómplice de prácticas que la comunidad internacional ha condenado sin paliativos.
