Aunque fue en plena campaña electoral de las pasadas autonómicas y municipales cuando se produjeron las primeras detenciones relacionadas con el multimillonario fraude del tomate, no ha sido hasta esta misma semana cuando han comenzado a conocerse detalles de la operación de desmantelamiento de la red y de la mecánica que seguían estas empresas para, supuestamente, estafar a los productores extremeños de tomate a través del desvío de ayudas comunitarias. El caso, en manos de un juzgado de instrucción de Badajoz y sobre el que pesa el secreto de sumario, no ha hecho más que comenzar.

Los informes confidenciales de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y de la Guardia Civil apuntan con claridad hacia una trama integrada por unas cinco empresas transformadoras y delimitan la presunta responsabilidad en delitos de falsedad documental y fraude a las haciendas europeas en unas quince personas, todas ellas detenidas en su día y que ya han prestado declaración, negando, en la mayoría de los casos, que existiera fraude alguno y aclarando que no tenían poder de decisión en dichas empresas a pesar de ocupar, en algunos casos, cargos ejecutivos de responsabilidad.

Con los datos aportados hasta ahora por EL PERIODICO EXTREMADURA, y aunque todavía quedan muchos pasos por dar para aclarar judicialmente la operación de desmantelamiento de la presunta red, conviene aclarar algunas cuestiones, como ya lo hicimos en su día, y hacer otras tantas lecturas para que, en cualquier caso, este borrón no salpique a todo un entramado productivo básico para nuestro sector primario. Cierto es que la red, integrada por destacadas empresas del sector transformador, venía actuando durante los últimos años con cierta comodidad, esquivando los controles del Fondo Español de Garantía Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura, y abusando de los pagos que hacían a los agricultores, por debajo del mínimo fijado a través de las ayudas que recibían de la Unión Europea. Pero no es menos cierto que poco o nada tenían que ver con estas actividades los propios productores, los que en última instancia más sufren los descensos y los vaivenes de precios. La Guardia Civil, en sus informes, apunta también a lo que se podría denominar una auténtica red de extorsión que tenía a sus víctimas en los agricultores, sufridores de una especie de ley del silencio que ni siquiera les llevó a denunciar las irregularidades.

Ahora, también este colectivo está sufriendo las consecuencias de la situación creada, sabedores como son de su dependencia de las empresas transformadoras y de las entidades financieras. Sobre este escenario, lo más higiénico para el sector es que este mal sueño se acabe cuanto antes, con el mayor rigor posible en cuanto a la aplicación de la legislación para un caso de fraude masivo de estas características, cuyo importe podría sobrepasar los 27 millones de euros. Por el bien de los productores y por el bien de los extremeños.