Comprar un piso en cualquier capital de provincia española es un 15% más caro que hace un año y un 66% más desde 1998. En Cáceres y Badajoz, los aumentos son aún mayores, llegando al 18%. Los datos son relevantes porque indican que el problema del encarecimiento de los pisos no se debe a ninguna particularidad de autonomías y municipios, sino a un mal general extendido a toda España. El acceso a la vivienda de propiedad, que es una necesidad y un derecho, se ha convertido en una mera posibilidad gobernada por los intereses de mercado. Tanto, que a principios de año ya sabemos que los pronósticos sobre incremento de precio de los pisos para el 2003 son de un moderado aumento del 6% de media sobre los precios del año pasado.
Desde que gobierna el PP, el derecho de acceso a la vivienda digna se ha transformado tanto que ha acabado convirtiéndose en una mera inversión del ahorro familiar a largo plazo. Al éxito de esa estrategia conservadora ha contribuido la bajada de los tipos de interés en toda Europa, pero también la pasividad de los ayuntamientos, porque son las administraciones que deben velar en primera instancia por una política de gestión del suelo urbano eficiente y alejada de la especulación.
