TUtno de los problemas más acuciantes que tiene la mayoría de los ciudadanos es el de la vivienda. Por su alto precio, a causa de la especulación que la rodea, empezando por los desorbitados del suelo urbanizable. Y todo a pesar de que la Constitución defiende tasativamente el derecho a una vivienda digna, y asigna a la sociedad el beneficio que generen las plusvalías de la construcción de las mismas. Pero la dura realidad nos muestra que no hemos sido aún capaces de controlar el abuso de las grandes inmobiliarias que dominan el mercado.
Por eso no puede extrañarnos que muchos ciudadanos compren suelos marginales y autoconstruyan o autopromuevan su vivienda. Es un modelo que se pierde en la historia, y que tuvo un auge extraordinario en los años del desarrollismo español, cuando tantas familias tuvieron que emigrar a las zonas industriales, creando de la noche a la mañana enormes barrios periurbanos de las grandes poblaciones, cada vez más monstruosas.
Ahora, incluso en Extremadura, seguimos viviendo este fenómeno, enraizado en la tradición y en la negativa a rendirse ante los promotores que hipotecan la vida de la inmensa mayoría a cambio de un techo que muchas veces deja tanto que desear. Y así, por mucho menos dinero, se consigue un hogar generalmente más digno en sí, aunque la infraestructura urbana en que se asienta esté falta de los mínimos elementos necesarios para desenvolver su vida personal y social.
Por supuesto que hay que acabar con la proliferación de viviendas ilegales. Pero no menos que con la especulación, con el negocio de unos pocos a costa de los más, con el olvido al derecho constitucional a una vivienda digna.
Si se incumple semejante derecho primordial, cómo esperar por las buenas que se respeten otras normas de rango inferior, con tal de seguir manteniendo la riqueza de los que siempre abusan de sus poderes intocados.
*Historiador
