Sí, sí, lo que oyen. Resulta que resido en un paraíso fiscal. Regístrenme, pero prometo que no tenía la menor conciencia. Así que no es que haya podido sacar el mayor provecho de ello. Estaba en la inopia, y mi bolsillo (también parte interesada) parece que lo mismo. Y creo, pero a lo mejor es sugestión, que mis vecinos no eran conocedores tampoco.
Resido en Madrid. Esa comunidad que, a tenor de los presidentes socialistas de otras comunidades (no todos), trata de ser un «paraíso fiscal» y, consecuentemente, hace una competencia injusta al resto de regiones. Estas dos afirmaciones son todo un compendio de cómo se observa el funcionamiento de la economía y el concepto de solidaridad desde la izquierda política (repito la precisión: «política»). Estas dos afirmaciones, además, son rotundamente falsas.
Parece evidente que el uso del término «paraíso fiscal» no es ni casual ni bienintencionado. Tras unos años en el que los casos de evasión tributaria son carne diaria de prensa (estén o no vinculados a lo que se denominan «paraísos fiscales», cuestión que daría para una larga explicación), se busca emparentar iniciativas dentro de la regulación (y por tanto, de la legalidad vigente) con acciones claramente delictivas. Me resulta complicado creer que esa asociación de ideas (y más, lanzada contra el PP) tenga otra intención que la de ligarlas en el imaginario común. Además, el motivo que ha justificado esta calificación está muy lejos de la que pretender señalar.
¿Qué causa señalar la afirmación, alentada desde Andalucía, de que hay un «paraíso fiscal» creciendo a la ribera del Manzanares? De una forma --digamos-- general, preocupa la decisión de Cristina Cifuentes de tratar de aupar a Madrid en un ámbito destino de inversores y empresas, nacionales o extranjeras. Para lograr el objetivo, una de las primeras medidas pasa por reducir la carga fiscal: rebajas en tipos de impuestos, deducciones y bonificaciones fiscales. Lo cual parece razonable: si quieres competir, es absolutamente lógico que planteen ventajas dentro de tu capacidad de decisión.
Y digo en general, porque el detonador de la indignación socialista es más «particular». Ha sido el anuncio de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones (hasta convertirlo en prácticamente inexistente y así permitir que puedan llevarse a cabo las transacciones propias de las herencias, por ejemplo). Es decir, si la batería de medidas fiscales se hubiera limitado a las empresas hubiera molestado menos. ¿Por qué? Porque entrarían en el discurso fácil del PP aliado a empresas, que da la espalda al trabajador, y demás retahíla discurso-agresiva. Pero lo que plantea la Comunidad de Madrid es una sustancial rebaja fiscal a sus contribuyentes. Y eso es una ofensa (en su línea de flotación): primero, porque podría llevar a sus votantes a pedir lo mismo. Segundo, porque el propio planteamiento de esta opción demuestra que hay margen para empezar a reducir impuestos.
Ambas cosas preocupan y mucho. Y lo hacen porque esas comunidades no pueden permitirse rebajar impuestos porque estén mejor financiadas (que es el argumento esgrimido) sino porque sigue en aumento un gasto público que ya de por sí es enorme. Suena extraño que Ximo Puig argumente contra la bajada de impuestos, mientras su gobierno presenta un plan de rescate de la televisión pública valenciana, que no será desde luego un gasto menor. Y el desplazamiento en el discurso por parte del PP, que trata así de favorecer la operativa y que haya mayor poder adquisitivo, deja en fuera de juego a los socialistas. También hay que decirlo: no es una postura común en los conservadores, que se comportan exactamente igual que el resto de partidos en cuanto a la presión fiscal y el gasto público en muchas de las comunidades que gobiernan.
Una inquietud añadida es que esta mejora de las condiciones fiscales genere una fuga de capitales hacia Madrid (una cambio que antes estaría motivado por una mejora en el empleo que por la mejora en las condiciones fiscales, pero…). A esto lo denominan sin ambages dumping fiscal. Teniendo en cuenta que las competencias fiscales transferidas son idénticas, el margen te lo concede tu propia gestión financiera. Difícil hablar de competencia desleal o agravio comparativo. Mucho más cuando se omite (interesadamente) las situaciones fiscales especial del concierto vasco o el convenio navarro. Así que cuando piden desde las filas socialistas «armonizar», lo que están diciendo es que todos apliquen los impuestos como el que más alto lo hace. Más de lo mismo.
La verdad es que no quedan demasiados paraísos fiscales en el mundo. Pero, desde luego, Madrid no es uno de ellos.
*Abogado. Especialista en finanzas.
