Conducir sin carnet es delito desde la aplicación de la última reforma del Código Penal. Si los conductores sin papeles pillados durante el último mes no han debido afrontar una petición de pena de cárcel es a causa de la moratoria aprobada por el Senado, que expira el 1 de mayo. Hace falta insistir en ello para que quienes siguen con esta práctica de riesgo acudan a una autoescuela, pasen el preceptivo examen y se pongan en igualdad de condiciones con los demás automovilistas. Pero también es preciso insistir porque hay que llevar al ánimo de la opinión pública que ponerse al volante sin carnet, más que un caso simpático de inocua picaresca, constituye un acto de irresponsabilidad.

Con idéntica determinación hay que exigir a las administraciones que asuman el coste de la entrada en vigor de la medida. Si es cierto que circulan por nuestras carreteras hasta 300.000 conductores sin licencia, no hace falta imaginar que serán precisos medios suficientes para garantizar que los infractores serán llevados ante el juez, juzgados y sentenciados en tiempo debido. De no ser así, desaparecerá el efecto persuasivo y el principio de ejemplaridad que inspiran la reforma. Sería lastimoso que por motivos meramente presupuestarios u organizativos, todo quedara en agua de borrajas.

No se trata de abrir la veda para la caza de aprovechados e incautos, que también los hay, sino de aplicar de forma prudente y proporcionada una ley necesaria, que afecta a la seguridad colectiva. Los resultados obtenidos con otras medidas adoptadas desde la entrada en vigor del carnet por puntos justifican que no se baje la guardia.