Extremadura cuenta desde ayer con un Consejo de Participación de las Mujeres integrado por 21 representantes de diferentes asociaciones y agentes sociales cuyo objetivo principal será conseguir la igualdad efectiva con medidas como la equidad salarial o la lucha contra la violencia machista. Es, sin duda, una grandísima noticia para Extremadura la que ayer protagonizó nuestro Parlamento acogiendo el acto de constitución de ese consejo presidido por la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, Marian Muñoz , con María José Ordóñez , directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, como vicepresidenta.

Muñoz aseguró ayer durante su comparecencia que es un día grande para Extremadura, y tiene razón porque con este órgano se escuchará la voz, las aspiraciones y la sensibilidad de todas las mujeres de nuestra región. La creación de este consejo en Extremadura es, en este ámbito, un paso más que en defensa del colectivo auspicia el gobierno que preside José Antonio Monago , quien en febrero pasado anunció que la mujeres víctimas de la violencia de género percibirán, durante un máximo de nueve meses, un salario de 450 euros, además de otros 80 euros por cada hijo menor de edad a su cargo, con el fin de propiciar su independencia económica del agresor.

Se trata de una ayuda articulada a través de los servicios sociales de base de los ayuntamientos extremeños, que pretende procurar la independencia económica de las mujeres que a partir de ahora sean víctimas de la violencia de género. Las que a día de hoy sufren esta situación, ya reciben el apoyo del Gobierno extremeño por otras vías, entre ellas la Renta Básica de Inserción.

De la misma forma, el Ejecutivo regional también trabaja activamente en la construcción de 22 viviendas de protección pública para mujeres en situación de acogida, al tiempo que ha recordado que las víctimas de la violencia de género cuentan en Extremadura con unas condiciones especiales a la hora de acceder a una viviendas de protección oficial, así como la posibilidad de suspender durante dos años el pago de los recibos mensuales del alquiler de viviendas sociales.

Las víctimas de las violencia de género son una prioridad. Por tanto, es bueno que desde el gobierno queden garantizadas su atención y protección de forma integral. Una atención y protección extensible a menores víctimas de la violencia de género, que contemple acciones policiales, de atención socioeconómica, educativas, terapéuticas, de recuperación y de incorporación social normalizada.