El curso político ha acabado como tenía que ser, con la aprobación de la ley sobre la que se fundamenta la política, la de los presupuestos generales del Estado. La apariencia es que el Gobierno ha obtenido un amplio margen para trabajar, acaparado por los grupos políticos que le han dado su apoyo para cerrar las cuentas. Pero es una apariencia engañosa, porque detrás de esos apoyos se esconden muchos problemas que irán surgiendo a lo largo del año.
Coincidiendo con esa aprobación, se han producido otros acontecimientos que anuncian conflictos y ensombrecen la gestión futura de la política. Todo viene precedido por las encuestas. Que las encuestas son una cosa y los votos otra ya lo sabemos, tenemos una experiencia suficiente como para no poder fiarnos de los números que quieren darnos una radiografía política del país cada poco tiempo. Pero los partidos son menos cautos, gobiernan sus actuaciones a golpe de encuesta. Por eso, los portavoces políticos deberían responder a las que se publican con declaraciones equivalentes en solemnidad a las que suelen acompañar a los resultados de, por ejemplo, una votación parlamentaria.
Aunque no sea de una forma explícita, el Gobierno de Zapatero practica de una manera contumaz esa política de gobernar con las encuestas. Un truco que acaba funcionando solo en momentos de alegría presupuestaria. Cuando vienen mal dadas, no se puede dar satisfacción a los distintos grupos sociales de forma sencilla. Eso tiene un efecto paradójico: a menor capacidad de satisfacción de las peticiones de la sociedad es mayor la exigencia de hacer política; se hace más necesaria la negociación con otros partidos, un entendimiento.
XPERO ¿QUE SUCEDEx si este entendimiento está cortado porque la estrategia de los grupos con los que hay que sentarse no coincide con esas limitaciones, con esa sensación? Entonces, la tormenta está garantizada.
La actitud de la principal fuerza de la oposición, el PP, es diáfana: no quiere que nada se negocie, prefiere que haya un desbarajuste permanente que haga que el Gobierno fracase en todo lo que sea posible. Al enemigo, ni agua. ¿Por qué? No hace falta buscar malas personas ni interpretar la ideología de la oposición como la base de la negación permanente. Porque la oposición también trabaja con esas encuestas en la mano. Si a un trabajo de desgaste permanente le han sucedido encuestas que señalan una pérdida de apoyo popular progresiva para el Gobierno, ¿por qué iba el PP a alterar su rumbo? Ahora mismo, la derecha ganaría las elecciones. Y se toparía con el mismo problema que el Gobierno saliente, si se produjeran. Pero ese problema se debe resolver más tarde. Para el PP se trata de tirar al Gobierno cuanto antes.
Ahora no lo puede hacer, pero no es descartable que se produzca una coyuntura crítica que condujera a una convocatoria anticipada. La crisis económica puede dar aún muchos coletazos.
Por el lado de los apoyos, la situación también se ha vuelto enormemente compleja. Los grupos que han dado su voto al Gobierno para sacar adelante las cuentas han señalado, casi por unanimidad, que estos presupuestos no van a servir para mucho. Y han justificado su voto favorable en razón de las tajadas obtenidas para acciones de carácter casi siempre territorial, como ha sido el caso del PNV o el de ERC.
Un caso paradigmático es el del PSC en relación con el aeropuerto de Barcelona. El Gobierno de Montilla exige tener toda la competencia en la gestión. Y el Ministerio de Fomento razona que no puede aislar cada aeropuerto, porque el resultado sería hacer inviables económicamente algunos de ellos al no poderse compensar unos resultados con otros. En un caso así, se podría decir que el Estado habría dejado de cumplir una de sus funciones esenciales; la de garantizar la existencia de servicios básicos en todo el territorio. Se puede extrapolar el razonamiento a cualquier área, desde la Sanidad hasta el agua. Y en algunas cosas lo cierto es que el efecto es ya una realidad.
Eso nos avisa de que estamos en el camino del infierno. Del desorden y del aumento de las causas particulares. Ya hay excepciones del terreno común, como son las del País Vasco y Navarra sobre un asunto tan esencial como la Hacienda Pública. La próxima sequía nos traerá nuevas guerras del agua. Y una cesión de competencias a la Generalitat sobre el aeropuerto, guerras intercomunitarias. Quienes los tengan rentables pedirían la gestión; quienes no, reclamarán al Estado que los ampare.
Al final la cuestión se reduce a lo que ya muchos han avisado: estamos avanzando en la dirección de un Estado confederal de hecho en lugar de construir uno federal desde el principio. La diferencia es obvia, y la sensación, de catástrofe, porque no se ve que las encuestas puedan convencer a nadie de que avancemos en el sentido que la razón democrática marca. La crisis servirá para poner el propio modelo de Estado en mayores dificultades de las que ya tenía. La crisis y la pasión por las encuestas, que deja de lado la lícita pasión por la política.
