Hace bien poco, se podía leer en un periódico portugués acerca de la detección de partículas radiactivas en el cauce del río Tajo. Una exposición más que evidente y que resulta imposible no asociar a la inmensa contaminación que la catástrofe de Fukushima produjo en el Océano Pacífico. El agua, que alimenta, une y da vida a nuestros pueblos, puede terminar por convertirse en el principal vector transmisor de la muerte invisible que representa la radiactividad.

La preocupación de nuestros vecinos portugueses está más que justificada. La última inspección del Consejo de Seguridad Nuclear, en mayo de 2016, desveló que en Almaraz se registra el «incumplimiento consciente, voluntario, repetitivo y programado» de las instrucciones en materia de seguridad contra incendios, que existen piezas deformadas, averías en motores y un sinfín de incidentes, llegando a detectarse en un semestre hasta 40 incidencias, que nos aproximan a los problemas y peligros que esta instalación supone.

Otras incidencias mayores, reconocidas por la propia central nuclear, han llevado incluso al CSN a abrir expedientes sancionadores contra esta planta-bomba de relojería, con fallos también registrados en los sistemas de refrigeración.

Con el largo historial de problemas de seguridad que se han producido en esta central desde su puesta en marcha, en 1981, y las terroríficas consecuencias que acarrearía un accidente nuclear, resulta incomprensible el interés del gobierno del PP en prolongar su vida útil más allá de junio de 2020... salvo que la única voluntad real sea la de beneficiar a las grandes empresas energéticas, donde llevan años colocando a exministros y expresidentes, obviando mientras tanto la seguridad y el bien común.

Porque, en este contencioso nada inocente, los intereses económicos se entremezclan con los políticos creando una especie de omertá nuclear que encubre los costes reales, las deficiencias y peligros de la energía nuclear frente a las energías renovables. Informando de modo engañoso e interesado que se trata de la energía más económica de producir, cuando simplemente echando un ojo a la factura de electricidad que llega a nuestras casas comprobamos que es totalmente falso.

En este sentido, la falta de información en algunos medios españoles y extremeños llama sobremanera la atención, máxime cuando desde el Gobierno se están dando pasos claros para facilitar la explotación de las centrales nucleares españolas más allá de los 40 años. Pasos, como son la aprobación por el CSN de nuevas especificaciones técnicas de funcionamiento (que vienen a facilitar las pruebas para su continuidad), el permiso de reapertura de Garoña, o/y la supresión de los análisis de seguridad en profundidad de los últimos 3 años de funcionamiento de una nuclear que, junto al Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento, venían a determinar la seguridad de continuar con su explotación o no.

Se acercan los aniversarios de Fukushima (11 de marzo) y Chernóbil (26 de abril) y parece que el Gobierno del Partido Popular, con la aquiescencia silenciosa del Partido Socialista, quisieran añadir el nombre de Almaraz a esta ominosa lista. Esperemos que esto no ocurra y que, o bien el recurso contra el ATI que hemos presentado desde Podemos, también el presentado por el Foro Extremeño Antinuclear, o el que ha interpuesto en Europa el Gobierno luso lleguen a buen puerto y eviten que el agua radiactiva discurra por el río.

Por el bien común, por el bien de nuestros pueblos, que comparten aguas, aire y voluntad de un futuro digno y sin hipotecas energéticas o ecológicas para las siguientes generaciones, cerrar Almaraz. Apostamos por un modelo energético limpio y seguro, un modelo sin nucleares y con renovables. Esta misma semana hemos presentado en el Congreso una Proposición de Ley para conseguir el cierre progresivo de las centrales nucleares.

*Diputado de Podemos Extremadura.