El acceso a una vivienda debe ser un bien jurídico garantizado por cualquier Estado Social y de Derecho. Debiera constituir parte de una política social y económica de todo aquel país que se precie de consagrar derechos fundamentales. Pero a nadie se le escapa que el sector inmobiliario y el de la construcción constituyen el paradigma del crecimiento económico de nuestro país, que no siempre coincide con la facilidad de acceso a la vivienda de los ciudadanos españoles. Pues bien, parece que ahora el mercado empieza a vislumbrar una nueva burbuja inmobiliaria, que esta sí que es diferente a la anterior, y contextualizada en torno al alquiler. Pues hemos de ser consciente que el mercado de la vivienda está gran parte del mismo en manos particulares, que ahora, aprovechan, el resorte del piso que ya compraron para ingresar dinero extra, al margen de otra actividad económica.
Y todo ello unido a un nuevo parámetro, el de los pisos turísticos. Pisos turísticos, muchos de ellos, ante, como siempre, la falta de respuesta de la administración pública, campea a sus anchas como mercado; sin que haya una regulación expresa y específica, que evite, por un lado, competencia desleal hacia el sector de la hostelería y, por otro, seguridad jurídica para el consumidor de este tipo de producto.
Desde siempre, en la sociedad española se denostó el concepto del alquiler de la vivienda como algo incompatible con la tradición de nuestro país. Y ello sirvió de freno a políticas públicas de vivienda en alquiler, que actuaran como detonante en competencia con un mercado libre, que ahora se demuestra, especialmente en grandes ciudades, como una verdadera salvajada en precios para todas aquellos colectivos (jóvenes, mayores con escasos recursos o familias monoparentales, entre otros), persuadiéndoles de hacer uso de este producto en el mercado, en su acceso a la vivienda. Y hay historias que te cuentan de alquiler por habitación de más de 400 euros, y de, por otro lado, incrementarse los precios, porque se han pasado, esos propietarios, al alquiler turístico. Que les trae mayor beneficio económico, y más diversificación a la hora de los clientes; muchos de ellos extranjeros. Y todo ello haciendo confluir flujos de población en zonas muy concretas de las ciudades. Ante la impericia y la escasa capacidad de reacción de las administraciones públicas, frente a un producto muy lucrativo, que su inserción en el mercado se está haciendo sin control alguno, y está sirviendo para incrementar precios del alquiler en más del 50%, bajo el contexto de una inexistente política pública de vivienda. A pesar de constituir el alquiler como primera razón de acceso a la vivienda de muchos jóvenes, en su primer intento de independizarse; o de otros colectivos con menor poder adquisitivo.
Según datos de la Encuesta Continua de Hogares, España tenía en 2016 un 77,5% de viviendas principales en propiedad y un 17,3% de alquiler, del que sólo un 2% eran viviendas sociales de alquiler. Lo que evidencia la ínfima existencia de una política social del mercado del alquiler desde las administraciones públicas. Cuando algunas estamos convencidas del hecho de que además de garantizar el acceso a determinados colectivos, esta política pública puede actuar como verdadero elemento de freno a ese mercado libre, que actúa sin competencia alguna, y más que nunca utiliza el juego de la oferta y la demanda para obtener una rentabilidad económica; con poca inversión, y aprovechando que no tiene ningún tipo de regulación que, al menos, evite calentar el mercado y actuar en competencia desleal con el sector de la hostelería, buque insignia de un país que vive del turismo. Y con el agravante significativo de estar en juego todo lo que tiene que ver con el derecho al acceso a una vivienda digna, y a la obligación de todas las administraciones públicas para que este hecho sea una realidad, más allá del elemento mercantil que supone este sector en nuestro país.
*Abogada.
