La tramitación en el Congreso de los Diputados de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha está reparando algunas sorpresas. Este periódico informa hoy de que el texto con el que está trabajando la Ponencia refuerza el control sobre las cuencas hidrográficas de los ríos que pasan por su territorio, entre ellos el Tajo y el Guadiana, atribuyéndose "el uso preferente" de los recursos y prácticamente vetando los trasvases. El texto, que no es definitivo, no habla de "competencias exclusivas", como los nuevos estatutos de Andalucía y Castilla-León (ambos recurridos por Extremadura precisamente por eso), pero se le acerca bastante.

En cualquier caso, no es difícil concluir que si no se producen cambios en el articulado del nuevo estatuto castellano-manchego que varíen la dirección emprendida, otra comunidad se suma a la teoría de la compartimentación de los ríos y de los recursos hídricos, dejando a las que defienden las competencias estatales en los mismos, --como es Extremadura, que lo deja claro en el artículo 7.8 del texto reformado-- en condiciones de desigualdad, puesto que para recobrar su posición tiene que recurrir a los tribunales.

En este contexto se hace imprescindible que el Tribunal Constitucional establezca cuanto antes la doctrina que se compadezca con la Constitución. No es de recibo que en un asunto de la transcendencia social y política como es este, el tribunal demore su pronunciamiento.