En la actualidad, 17 mujeres cuentan con órdenes de protección sobre sus parejas por malos tratos, todos denunciados desde el 2005 hasta la fecha. En lo que va de año son 7 los casos de violencia doméstica denunciados y casi todos corresponden a mujeres de clase media.

Los datos los dieron ayer el Subdelegado del Gobierno, Fernando Solís, y la alcaldesa Elia Blanco en la junta local de seguridad, convocada expresamente para tratar sobre la violencia de género, aunque Blanco dijo que uno de los servicios más esperados por los colectivos de mujeres y gestionado por la edil Raquel Puertas, el piso de acogida para víctimas, "no es una necesidad urgente atendiendo al número de casos que hay actualmente".

En cambio, lo que Solís y Blanco anunciaron fue el acuerdo para garantizar la colaboración y la información de todos los cuerpos de seguridad en esta materia porque "cuando una víctima necesita protección, judicialmente se comunica a la Policía Nacional y a la guardia civil, pero no a la policía local", señaló la alcaldesa, que acto seguido reconoció que la colaboración con la policía local ya se está dando.

DE TODA CLASE SOCIAL De hecho, de los siete casos denunciados este año, tres han sido atendidos por la Sección de Familia y Menores del cuerpo local (Sefame), a cargo de la agente Concha Crevillén y que presta todo tipo de ayuda a las mujeres, desde psicológica, hasta de acompañamiento a juicios.

Por tanto, lo que vendrá a suponer ahora este acuerdo es que habrá una persona de cada uno de los tres cuerpos de seguridad designada para casos de malos tratos, que recibirá toda la información sobre las denuncias y las órdenes de protección. Además y según destacó Solís, de esta forma estará garantizado el seguimiento a las víctimas porque "se elaborará una ficha policial de cada una con las circunstancias técnico-policiales para hacer un seguimiento de esas órdenes y también del agresor".

El Subdelegado del Gobierno insistió en que todas las víctimas menos una pertenecen a una clase social media, por lo que "no hay que emparejar la violencia de género con la marginación o el consumo de drogas. En Plasencia y con los datos que tenemos, este fenómeno obedece a cuestiones de educación y se da en todas las clases sociales".

Pese a que la alcaldesa no cree urgente el piso para maltratadas a tenor de las denuncias, dijo: "Nos tememos que tiende a aumentar", por lo que elogió este refuerzo en la coordinación entre Policía Nacional, guardia civil y policía local y recordó que las víctimas pueden denunciar su caso en cualquiera de estos tres cuerpos o en el 112.