55 familias de Plasencia permanecen actualmente en lista de espera para poder acceder a una vivienda social. En su día, se inscribieron en el proceso que abrió la Junta, pero aún esperan que se les adjudique un piso. En la otra parte, la Junta de Extremadura ejecutó ayer un levantamiento judicial, es decir, un desahucio, en una vivienda que estaba ocupada ilegalmente en el barrio de Gabriel y Galán, en el polígono de La Data.
Son la cara y la cruz de la situación que se vive en la ciudad con muchas viviendas sociales. Por eso, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales señaló ayer que «la recuperación de viviendas sociales ocupadas ilegalmente es una necesidad para cubrir la lista de espera de solicitantes que cumplen los requisitos para acceder a una Vivienda de Promoción Pública».
La secretaria local de Podemos Plasencia, Mavi Matas, criticó a través de las redes sociales el desalojo ejecutado ayer, de «una familia con un menor y sin alternativa habitacional». La Junta, por su parte, señaló que los ocupantes de la vivienda «han cooperado, recogido sus pertenencias e ido a vivir con familiares». Ahora, habrá que acondicionarla para adjudicarla.
Dado que no es el único caso de ocupación de viviendas de manera ilegal en la zona, ayer mismo técnicos de la Junta entregaron dos notificaciones de avisos de lanzamiento judicial, iniciados hace meses, para que en un plazo de 10 días las personas que están en ellas abandonen las dos viviendas que ocupan ilegalmente antes de proceder al lanzamiento judicial.
Por tanto, la administración regional pone de manifiesto que no está previsto que estos desalojos, avalados por órdenes judiciales, vayan a cesar, porque es la única forma de que las familias que están en lista de espera accedan a una vivienda que necesitan.
