Es la primera luz que ven en un túnel que llevan recorriendo diez años. El juzgado de Instrucción número 4, primero, y la Audiencia Provincial de Cáceres, después, han dado la razón a los primeros 17 afectados del PIR la Data que decidieron demandar a la constructora Shayver por no haber recuperado los 3.000 euros que dieron de entrada por unas viviendas de 60.000 euros que tampoco construyeron.
En concurso de acreedores e insolvente la empresa, los afectados demandaron a la entidad bancaria que recibió su dinero, CaixaBank, a quien ha condenado ahora la Audiencia por haber «incumplido las obligaciones de garantizar las cantidades abonadas a cuenta y de velar porque fueran depositadas en una cuenta especial».
Así, ahora la entidad tendrá que devolver el dinero que esos 17 afectados dieron de entrada, 42.000 euros, más intereses. Los afectados son unos 100 y ahora, basándose en esta jurisprudencia, el resto iniciará el mismo proceso judicial para recuperar también la entrada que dieron, en un caso de 7.000 euros.
«Hoy podemos decir que el largo camino recorrido durante estos 10 años ha tenido el final de justicia que hemos venido reivindicando». Así lo afirmaba ayer la portavoz del colectivo, María Torres, satisfecha por las sentencias, pero aún con la insatisfacción del trato recibido, sobre todo, por la Junta de Extremadura, promotora del PIR.
Lo que para ellos era «un aval de garantía y confianza» se tornó en «el más absoluto desamparo», por la Junta y la constructora.
«En todos estos años, no nos han dedicado ningún esfuerzo». En abril del 2016, pidieron responsabilidades patrimoniales a la Junta, sin respuesta. Sí la obtuvieron de Damián Beneyto, Extremeños, el Defensor del Pueblo y el alcalde, a quien han pedido que conteste a un escrito remitido hace un año.
