El ayuntamiento ha cumplido los plazos para las contrataciones del plan de empleo social y esta semana ha contratado a las 45 personas acogidas a este plan y que estarán trabajando para el consistorio hasta finales de diciembre. En esta ocasión, el gobierno municipal ha reforzado las categorías de limpieza y servicios municipales porque a las plazas que ya tenían estipuladas, han sumado cinco trabajadores más en total.

Esto ha sucedido porque, tras finalizar el proceso, quedaron sin cubrir las categorías de oficial de cerrajería, con dos plazas disponibles, y de oficial de albañilería, con tres. Pero como explicó ayer la concejala de Personal, Sonia Grande, el decreto de la Junta que regula este plan permitía dedicar las vacantes a otras categorías y es lo que ha hecho el ayuntamiento al suplementar las 20 plazas de limpieza con tres personas más y las seis de operario de servicios municipales con dos más. El resto, 11 de auxiliar de ayuda a domicilio, una de oficial conductor, dos de oficial de fontanería y una para la brigada verde, se han cubierto sin problemas. Eso después de que el personal destinado a los dos tribunales haya tenido que trabajar mañana y tarde para revisar y baremar las 1.369 solicitudes que se presentaron a este plan. El número de excluidos ha sido muy elevado, de 999, un 72,9%.

La concejala señaló ayer que, en la mayoría de los casos, se les ha excluido porque reciben alguna prestación económica incompatible con el decreto que regula el plan; porque no cumplían con el nivel de estudios que se requería, y recordó que «no es lo mismo el libro de escolaridad que el certificado de escolaridad» y, en otros casos, porque no eran parados de larga duración.

Apuntó también una situación en su opinión «discriminatoria» y es que las personas que reciben alguna prestación estatal por hijo, que dijo ronda los 30 euros, quedaba excluida automáticamente por tratarse de una prestación, mientras otras con el cónyuge empleado, pero sin prestaciones, sí ha podido acceder.

Estas y otras consideraciones de los tribunales se las remitirán al Sexpe «para mejorar el decreto y por responsabilidad».

Recordó también que la inversión en este plan es de 527.000 euros y supone una «carga importante para los ayuntamientos» porque ha tenido que aportar 250.000, al asumir además el alza salarial de la ayuda a domicilio por una sentencia.