Las arcas municipales van a dejar de ingresar 1,8 millones de euros procedentes de impuestos y multas de ejercicios atrás porque el pleno del lunes próximo los tendrá que dar de baja al haber prescritos. Según el concejal delegado de Hacienda y alcalde en funciones, Pablo Sánchez del Mazo, corresponden a la etapa del PP en el gobierno del ayuntamiento aunque también los hay que datan de años atrás.
El edil desglosó la cantidad en 1,2 millones de impuestos y el resto en multas. "Suman la friolera de 1,8 millones y han prescritos porque el gobierno del señor Díaz no ha interrumpido la prescripción con una notificación, lo que es una pésima gestión" denunció ayer Del Mazo. Por Ley prescriben a los cuatro años si no han sido notificados en tiempo y forma al afectado y Del Mazo sugirió que "no vale mandar una carta por correo ordinario, sino certificada y con acuse de recibo". El expediente tiene que aprobarse en el pleno, donde la oposición suma la mayoría por lo que los socialistas esperan que sus rivales políticos afronten la situación.
La propuesta de darlos de baja ha partido del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria dependiente de diputación, a la que el gobierno municipal del PSOE le encomendó la tarea el año pasado tras cesar a la empresa a la que desde 1998 se la tenían adjudicada sus antecesores del PP. "Diputación se ha puesto a depurar papeles, porque ni siquiera lo tenían en soporte informático, y nos hemos encontrado esta herencia".
UN COLCHON DE 2 MILLONES Este expediente coincide en el tiempo con los 2 millones de euros que el ayuntamiento ha pedido como adelanto a Caja Extremadura, pero el edil negó que guarde relación alguna con la necesidad de recaudar fondos una vez que se van a prescribir los citados impuestos ni con una falta de liquidez. "No tiene nada que ver y se pide para tener dinero disponible por si hace falta" y añadió "es un colchón".
Coincidirá también en el pleno con una modificación presupuestaria por valor de 1, 2 millones de euros que propondrá el PSOE a financiar con el remanente de años atrás --de 306.000 euros-- y el resto con partidas que se van a aminorar o dar de baja, como la anunciada revisión del PGOU.
