El ayuntamiento y los propietarios de las huertas de La Isla han decidido abrir una negociación para desbloquear el asunto, después de que quedara en punto muerto al rechazar los dueños la valoración económica del ayuntamiento --que rebajaba la suya en 39,3 millones-- y recurrir al tribunal del justiprecio.

Un mes después de tomar esta vía, la alcaldesa y los propietarios se reunieron ayer y acordaron iniciar un proceso de negociación dejando a un lado las valoraciones económicas de ambos. Así, la alcaldesa se comprometió a presentarles en el plazo de un mes una nueva oferta que servirá para abrir el diálogo: "Hasta ahora no ha habido negociación, pero ahora vamos a tener algo para dialogar", señaló ayer Simón Sánchez, cuya familia es propietaria mayoritaria junto con Placonsa de los 35.000 metros cuadrados de las huertas.

SIGUE EL JUSTIPRECIO Además, se nombrará una comisión con representantes de ambas partes, aunque Sánchez aclaró que, de momento, no se paralizará el proceso del justiprecio: "Vamos a seguir adelante hasta ver qué nos ofrecen y cómo va la negociación". Aún así, aclaró que "en cualquier momento se puede interrumpir" porque los propietarios siguen estando abiertos a un acuerdo amistoso visto que las cantidades económicas que se manejan pondría en apuros a las arcas municipales.

De esta forma, Sánchez cree que la propuesta del ayuntamiento irá encaminada a un acuerdo urbanístico, aunque la alcaldesa nunca ha querido hablar de las posibilidades de permuta o recalificación parcial en lugar del pago en metálico.

Lo cierto es que el ayuntamiento está obligado a expropiar las huertas en cumplimiento de una sentencia del TSJEx del 2001, que fue ratificada en el 2003 por el Tribunal Supremo y que desde que los propietarios pidieron la ejecución de sentencia en junio corren además los intereses de demora que deberá pagar el ayuntamiento.