El Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres), personado como acusación en el caso de las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara, estudia solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) que se excluya de la instrucción a "algunos" de los exconcejales investigados.

Así lo ha anunciado hoy el alcalde, Fernando Pizarro, que ha mencionado "como ejemplo" al exconcejal Francisco Barbancho, que estuvo al cargo de la Concejalía de Urbanismo entre enero y junio de 2011.

No obstante, y a tenor de que la petición de exculpación se realizaría "debido al poco tiempo que los ediles permanecieron como responsables del área de Urbanismo", es factible que el consistorio solicite también que salga de la instrucción la exedil Mónica García, que ocupó la concejalía entre enero de 2006 y junio de 2007.

El alcalde ha añadido que el Gobierno local no ha decidido todavía si solicitará la apertura de juicio oral en relación al caso de presunta prevaricación administrativa por construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara.

Pizarro ha reiterado que los servicios jurídicos municipales continúan estudiando el auto del juez sobre el caso Santa Bárbara con el objetivo de determinar qué acción llevar a cabo de las propuestas por el instructor.

"De lo que nadie debe tener duda es que defenderemos los intereses municipales y de todos los placentinos", ha subrayado el primer edil.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dictó un auto el 22 de noviembre, por el que mantiene la tramitación de diligencias previas sobre la exedil de Plasencia y actual portavoz de C's en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ante la posibilidad de presuntos delitos continuados de prevaricación o de omisión del deber de perseguir delitos.

Estas diligencias previas, a través del trámite del procedimiento abreviado, afectan a Domínguez, que fue concejala de Urbanismo en la capital del Jerte entre 2007 y 2010; a los también exediles Mónica García y Francisco Barbancho, y a la exalcaldesa Elia María Blanco.

Las pesquisas hacen referencia a posibles construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara y la no ejecución de procedimientos de demolición de obras en suelos no urbanizables.