Hasta 1,8 millones dejará de ingresar el ayuntamiento procedentes de impuestos y multas de años atrás que se ha dejado prescribir. Según el gobierno, no se cobraron por negligencia del PP, que cuando gobernó adjudicó la recaudación a una empresa. Según la oposición no está tan claro, por lo que pide que se haga un muestreo antes de votar el expediente de baja que va hoy a pleno.

Esta cuestión ya se sometió a pleno en octubre del año pasado, pero entonces la oposición era mayoría y forzó que se dejara sobre la mesa hasta disponer de documentación detallada para depurar responsabilidades. Hoy dependerá de lo que vote la expopular Victoria Domínguez mientras el PP, en comisión, ya se ha abstenido.

¿Qué ha cambiado en un año? Que el actual servicio de recaudación de diputación ha remitido la documentación solicitada por aquel pleno a petición de la oposición, pero el PP pide también ahora un informe de la Tesorería municipal, "ya que se le hace también responsable", según el entonces concejal de Hacienda, el edil Anselmo Díaz Cabello. "Si tan convencido está el gobierno de que fue por negligencia de la empresa, tiene la obligación moral de denunciarla judicialmente para reclamarle el dinero conforme a una cláusula del contrato", añadió.

El gobierno no ha hecho ninguna declaración. Pero Díaz Cabello insiste en que "la única forma de ver dónde ha estado la negligencia es llevando a la empresa al juzgado, porque lógicamente no se va a estar quieta y se defenderá". Hay tasas y multas que se dejaron de cobrar entre 1993 y 1998, año en que volvió la recaudación a diputación.