No habrá derribos, de momento, pero sí precintos. El ayuntamiento ha optado por paralizar por medio de precintos todas las construcciones ilegales en marcha en la sierra de Santa Bárbara y otras zonas de la ciudad como la Vinosilla o el Camino de las Huertas y ha advertido de que denunciará por la vía penal a quien se salte el precinto y siga construyendo, por un delito de desobediencia a la autoridad.

Es la fórmula que ha decidido el ayuntamiento para frenar la proliferación de construcciones ilegales en suelo no urbanizable y que anunció ayer públicamente y por primera vez la alcaldesa, tras mantener una reunión sobre el avance del nuevo PGOU con el consejero de Fomento, José Luis Quintana y la concejala de Urbanismo, Victoria Domínguez. Elia Blanco lleva meses firmando decretos que declaran la ilegalidad de estas construcciones y ordenan a sus dueños su demolición en un plazo que en muchos casos ya se ha cumplido, sin derribos.

En este sentido, explicó que el procedimiento de demolición permite recurrir al precinto --como una "medida cautelar", en palabras de Domínguez-- y subrayó que "una demolición por orden de un juez es distinta a que la ordene la alcaldía. Cuando haya una sentencia judicial podremos demoler".

VOLUNTAD DE ORDENAR De ahí que lo que el ayuntamiento hará de forma inminente será precintar una quincena de construcciones para que las obras no continúen y, en caso de que los propietarios retiren los precintos y sigan construyendo, el gobierno recurrirá a la vía penal por desobediencia a la autoridad.

Porque lo que la alcaldesa quiso dejar claro es la voluntad del equipo de gobierno de "poner orden en la ordenación del territorio" y advirtió: "Vamos a ser muy serios en este asunto, no podemos permitir que se construya indiscriminadamente y la sierra sea un totum revolutum ".

Lo dijo tras reconocer que en Santa Bárbara "han proliferado las construcciones en un periodo de tiempo muy corto", lo que Blanco achacó a los planes del nuevo PGOU de regularizar los núcleos de población consolidados de la sierra, a cambio de que sus dueños paguen los servicios. "Nos tememos mucho que haya vecinos que consideren que si corren mucho en hacer una vivienda se la vamos a regularizar".

Por otro lado, la concejala de Urbanismo quiso aclarar que, aparte de los precintos, los expedientes de infracción urbanística abiertos por el ayuntamiento --49 a fecha 13 de enero-- implican además una sanción económica por construir sin licencia de obras y resaltó que a la vez que ordenar el precinto, este procedimiento se ha puesto en conocimiento del registro de la propiedad y de las compañías eléctricas para que no concedan luz a estas casas ilegales.