Son cifras para preocuparse porque los intereses sobre el valor final de las huertas de La Isla ya está pasando factura al ayuntamiento. Cada día, desde el 20 de mayo, le está costando a los placentinos un mínimo de 1.050 euros conforme a la valoración económica que maneja el ayuntamiento, pero que supera los 4.200 si la definitiva resulta ser la de la propiedad. Lo que se debe a que entre una y otra tasación hay una diferencia abismal de 39,3 millones de euros.

Así las cosas, el lunes terminó el plazo de un mes que se dio la alcaldesa para presentar a los dueños una oferta al margen de la económica en una comisión mixta que sigue sin crearse.

RECALIFICACION PARCIAL Lo anunció Elia Blanco el 27 de enero en la reunión que mantuvo con los dueños, quienes sugirieron como salida al conflicto la permuta de las huertas con los pabellones militares de la avenida Virgen del Puerto o con el colegio Ramón y Cajal, que el PSOE en su programa electoral prometió trasladar, precisamente, a las huertas. Todo ello previa recalificación para uso residencial.

Encima de la mesa también pusieron la recalificación parcial de las huertas hasta el Caño Soso, hoy en día dedicado a aparcamiento. Pero la alcaldesa pidió tiempo para estudiar unas propuestas que dependen todas ellas de la recalificación del suelo sin cerrarse a continuar por la vía en marcha del justiprecio.

Pero el contador de los intereses sigue también su marcha y el ayuntamiento va contrarreloj en un conflicto que de dilatarse aún más puede llegar a cifras de vértigo para el presupuesto municipal. Los dueños, mientras tanto, están dispuestos a paralizar la expropiación si llegan a un acuerdo de permuta o recalificación parcial. Lo que ven, sin embargo, con reservas pasado el plazo anunciado por la alcaldesa, si bien reconocen que es el primer gobierno que ha abierto la vía de la negociación.

De hecho el conflicto arranca en 1984 cuando Mariño aprobó un PGOU que da a las huertas un uso de equipamiento. El PSOE, con Cabrera, fracasó en un acuerdo de permuta y Díaz, en el gobierno de 1997 con Mariño de socio, inició el trámite de ocupación directa que los tribunales anulan definitivamente en el 2003. Ha sido la patata caliente que se han pasando unas corporaciones municipales a otras, pero ya no hay más solución que el acuerdo amistoso o la expropiación intereses de por medio.