El ayuntamiento ha dado marcha atrás y no recurrirá el auto del juez del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ordena el archivo del caso Santa Bárbara para los exconcejales de Urbanismo Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho y lo mantiene para Elia Blanco, pero de nuevo en el juzgado de Instrucción de Plasencia.

Si el pasado 14 de febrero, la representación procesal municipal solicitaba la apertura de juicio oral y pedía penas de 8 años, 6 meses y 1 día de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Blanco y las dos exconcejalas, exonerando solo a Barbancho, ayer, el alcalde anunció la decisión de no recurrir porque en el auto «no se aprecian decisiones que afecten al interés público en lo que se refiere a las competencias y a los ciudadanos».

Fernando Pizarro subrayó así que la participación del ayuntamiento en el caso como acusación particular «no es una cuestión personal contra nadie» y recordó que el consistorio seguirá personado en el procedimiento que volverá al juzgado de Instrucción número 1. «No hay razón para recurrir atendiendo a que nuestro interés es defender los intereses de la ciudadanía, pero el proceso continúa y seguiremos personados en la causa».

La decisión contrasta con lo manifestado en el escrito de petición de juicio oral, en el que señalaba que, las tres acusadas, «a pesar de las correspondientes denuncias cursadas por la policía municipal, se limitaron, en algunos casos, a ordenar la paralización de las obras, decretar la ilegalidad de la construcción y ordenar el derribo (no llegando a derribarse ninguna edificación ilegal) y en otros, ni tan siquiera se inició el correspondiente expediente de disciplina urbanística».

Por tanto, concluía que, tanto la alcaldesa como las concejalas, «a sabiendas de su injusticia, adoptaron una conducta omisiva» y «ese no hacer equivale a permitir» las viviendas ilegales.

Pizarro dijo ayer que la decisión de no recurrir se ha tomado «tras varios días de estudio y reflexión técnica y jurídica y atendiendo a los criterior del gabinete jurídico municipal».

fiscalía / Quién sí ha recurrido el auto del juez ha sido el Ministerio Fiscal, en un escrito que todavía no ha sido notificado a las partes y en el que vuelve a pedir la apertura de juicio oral y mantiene su postura de que, tanto la exalcaldesa como los exconcejales cometieron delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.