El ayuntamiento ha pedido una prórroga a la Junta de Extremadura para poder llevar a cabo en la ciudad el nuevo plan de empleo social, que permitiría contratar a 90 personas en periodos de 6 meses. El motivo principal de solicitar la prórroga es que el decreto que regula el plan da cinco días para fijar los puestos de trabajo necesarios e iniciar la selección y los candidatos deben contar con un informe social, pero con solo siete trabajadoras sociales es imposible cumplir los plazos.

Así lo explicó ayer el alcalde. Fernando Pizarro dijo que el procedimiento de selección ha cambiado porque el Sexpe no hace ya la preselección de candidatos. "Si fuera así, pues pedíamos 900 candidatos y ya está, pero esperar a que los desempleados presenten solicitudes, 5.000 o 6.000 y hacer un informe social de cada una...". Además, Pizarro recordó que las trabajadoras sociales tienen también el trabajo diario, las solicitudes de renta básica y el ayuntamiento está en pleno proceso de selección del plan de Experiencia. También dijo que el gobierno regional anterior aportó a sus trabajadores sociales para tramitar rentas básicas, pero los contratos terminaron el pasado julio.

A su vez, subrayó que otro de los inconvenientes del nuevo plan para el ayuntamiento es que la Junta aportará 540.000 euros para los sueldos, a razón de 6.000 euros por contrato, pero el consistorio tendrá que poner "otros 400.000" para ajustar los sueldos a los convenios colectivos y esto teniendo que pagar una deuda como la de las huertas y realizar un plan de ajuste para devolver al Ministerio de Hacienda los 24,1 millones solicitados para pagarlas.

El plan está dirigido a los parados de larga duración que no cobren prestaciones excepto la renta básica y el requisito del informe social es imprescindible. Según Pizarro, hace ya un mes, los alcaldes de los siete municipios más grandes de la región, "entre ellos, tres del PSOE" se reunieron y manifestaron a la Junta los problemas que veían para aplicar el decreto del nuevo plan con las condiciones y los plazos que se fijaban.

"No se trata de criticar al gobierno como tal, porque queremos sacar adelante el plan y que 90 personas dejen de estar en el paro. Hemos sido pacientes, pero "el decreto establece una serie de cuestiones que pueden ser muy bonitas en el papel pero que son muy difíciles de llevar a efecto por no decir imposibles".

Ante esto, para el PSOE, el gobierno local pone "excusas fáciles y baratas" y ha criticado la "ineficacia, descoordinación, previsión y falta absoluta de interés por el empleo".

Por su parte, para Plasencia en Común, "la crítica debe ir acompañada siempre de propuestas" y considera que "rechazar y poner pegas de forma tan alegre solo se puede entender como una táctica electoral cortoplacista". Sí reconoce que los servicios sociales "llevan saturados desde hace años".