La comisión de gobierno ha ordenado a la brigada municipal de obras que retire el alumbrado público del callejón de Ramón y Cajal donde los mandó instalar el anterior gobierno de Díaz al tratarse de una propiedad privada. Ha resuelto así la reclamación de la propietaria, que se basó en que el ayuntamiento procedió a su instalación sin procedimiento administrativo alguno y sin su autorización.
El anterior alcalde decidió colocar un punto de luz en el callejón a petición de los vecinos, que se habían quejado de falta de seguridad porque transeúntes y toxicómanos se habían dado cobijo en su interior al amparo de la oscuridad y lo recóndito del lugar. La alarma vecinal cundió cuando un contenedor situado al pie de las ventanas salió ardiendo, pero la propiedad se mostró contraria en todo momento porque mantiene con el vecindario un viejo litigio judicial y ya entonces reclamó al ayuntamiento.
Ha sido ahora cuando el ayuntamiento le ha dado la razón, visto un informe de los técnicos municipales que señala que "toda actuación municipal exige inexcusablemente el cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos para que sus actos tengan plena eficacia y virtualidad jurídica". El acuerdo de comisión de gobierno añade que "no parece adecuado iluminar un callejón privado con alumbrado público", con lo que la brigada municipal de obras tendrá que proceder en breve a la retirada del punto de luz.
