La concejalía de Bienestar Social va a poner coto a la ocupación ilegal de viviendas sociales de la Junta en el polígono de La Data. Victoriano Durán, el concejal delegado, anunció ayer que va a poner a los servicios sociales municipales a inspeccionar caso por caso de okupas con la intención de regularizar aquellos que demuestren tener verdadera necesidad.
La patada en la puerta ha sido un procedimiento generalizado en Gabriel y Galán y La Esperanza para entrar en pisos sociales cuyos adjudicatarios no llegaron a ocuparlas, como también, según los vecinos, la compra-venta de viviendas a espaldas de la Junta de Extremadura, que es la propietaria.
CASO POR CASO
Las denuncias vecinales sobre ocupación ilegal de viviendas sociales suelen caer en el olvido porque Junta y ayuntamiento nunca se han puesto de acuerdo. La administración regional pedía a la Policía Local que denunciara estos casos de violación de la propiedad mientras el ayuntamiento instaba a la Junta a ocuparse de sus propiedades.
El nuevo concejal de Bienestar Social ha cogido el toro por los cuernos a petición de la Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas, que ayer demandó a la alcaldesa un estudio exhaustivo de la situación piso por piso en colaboración con las demás instituciones responsables. Si bien el edil destacó que en La Data "hay payos y gitanos". Victoriano Durán advirtió de que "veremos cómo se pueden quedar las familias que demuestren un criterio de necesidad, pero el resto lo vamos a poner en orden".
