La alcaldesa ha comenzado a dictar las primeras órdenes de derribo de casas que se están construyendo en la sierra de Santa Bárbara y que los decretos firmados por Blanco califican de "clandestinas" y "no legalizables" por encontrarse en un suelo no urbanizable según el PGOU actual.

En torno a una decena de decretos ha firmado ya Elia Blanco entre febrero y marzo, que ordenan a los propietarios de estas viviendas en obras a proceder a su demolición en el plazo no superior a un mes desde la notificación del decreto --que en los casos con mayor plazo cumple el 2 de mayo-- o, de lo contrario, "la actuación será llevada a cabo por el ayuntamiento en ejecución subsidiaria y a su costa".

La alcaldía ha firmado los decretos con órdenes de derribo tras un proceso que comenzó con la incoación de los correspondientes expedientes de infracción urbanística. Un total de 49 había abierto el ayuntamiento con fecha 13 de enero, según los datos facilitados entonces por la concejala de Urbanismo, Victoria Domínguez.

Ocho de esos expedientes son del 2008 y 41 del 2007, como informó la propia concejala, que se quejaba precisamente de que no se hubieran resuelto. Estos llevaban aparejados órdenes de paralización de la construcción de estas viviendas y otorgaban a los dueños un plazo de dos meses para intentar su legalización.

LEY DEL SUELO Pasados estos plazos, los decretos señalan que las viviendas que deben demolerse ahora carecen de licencia; es más, ni siquiera fue solicitada. Además, se basan en que son obras de edificios que van a ser destinados a viviendas y están situados en una zona con otros edificios construidos, por lo que "existe riesgo de formación de núcleo de formación", según la Ley del Suelo de Extremadura.

También según esta ley, son obras que necesitan licencia municipal y, según el Plan General de Ordenación Urbana actual están situadas en suelo no urbanizable y, por tanto, no se pueden legalizar en virtud de este PGOU. Además, los decretos subrayan que la construcción de estas viviendas ha continuado "ignorando la orden de paralización" dictada en su día.

Todos estos argumentos se esgrimen los decretos para declarar finalmente "la ilegalidad de las obras" y ordenar su demolición en el plazo de un mes, además de solicitar la inscripción de esta decisión de alcaldía en el registro de la propiedad.